Un grupo de 25 organizaciones de la sociedad civil lanzó una contundente crítica al decreto presidencial 8882/2024 que disolvió el Fondo Fiduciario para la administración de los recursos de la Ley de Bosques.
A través de un comunicado conjunto, las ONG, entre ellas Red Agroforestal Chaco Argentina Redaf, Banco de Bosques, Natura Argentina y fundaciones como Ambiente y Recursos Naturales FARN, Vida Silvestre, Jóvenes por el Clima y Biodiversidad Argentina, denunciaron que esta medida atenta contra la protección de los bosques nativos.
El decreto publicado el martes 8 de octubre se traduce en menos transparencia y más desfinanciamiento para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, señalan las organizaciones.
Argumentan que, a pesar de haber presupuestados 10.000 millones de pesos para 2024, el Tesoro Nacional no ha ejecutado ni un solo peso en cumplimiento de la Ley de Bosques vigente desde fines de 2007.
Esta asignación representa solo el 3,54% de los 282.316 millones que exige la ley 26.331 para la protección de los bosques nativos.
Las organizaciones remarcan que el Fondo específico también carece de los aportes económicos que debería recibir según la norma.
En abril pasado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, solicitó a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal, la regularización de los fondos.
Recordaron que el artículo 31 de la Ley de Bosques establece la conformación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, con partidas no inferiores al 0,3% del presupuesto nacional y el 2% del total de las retenciones a exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal.
Debe recibir préstamos, subsidios, donaciones, legados y otros aportes destinados a los fines específicos de la ley sancionada en noviembre de 2007.
Las ONG alertan que el Fondo Fiduciario presentará una caída del 20,7% al 32,5% en los recursos específicos para el próximo año, considerando la inflación promedio proyectada por el Presupuesto 2025.
La cifra contemplada en el Presupuesto 2025 es igual, en términos nominales, a los 10.000 millones asignados para el año 2023 y prorrogados para el 2024, agravando la situación en un contexto de alta inflación y crisis de biodiversidad, puntualizaron las organizaciones.
Estos números evidencian un desfinanciamiento estructural que compromete la efectividad de la Ley, agregan los representantes de las ONG, quienes destacan que Salta, con mayor biodiversidad y proporción de bosques del país, es una provincia especialmente afectada por esta medida.
Alejandro Aldazabal, representante de Salta en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), expresó su preocupación por 1.200 millones de pesos que la provincia reclama como parte de los derechos establecidos por la Ley de Bosques.
La eliminación del Fondo Fiduciario desmantelará un mecanismo fundamental para asegurar que los fondos no se diluyeran con el tiempo y que haya cierta estabilidad financiera en un contexto inflacionario, afirmó Aldazabal.
En este sentido, el COFEMA sesionará hoy a las 10 horas para definir acciones concretas para reclamar la restitución del Fondo Fiduciario de la Ley de Bosques.