El gobierno español enfrenta un nuevo capítulo en la controversia sobre la implementación de peajes en las carreteras.
La Comisión Europea ha presentado un ultimátum, dando a España y siete otros países hasta el 25 de marzo de 2024 para que adopten medidas correctoras ante el incumplimiento de la directiva europea de la Euroviñeta.
Esta normativa, vigente desde 1999 y revisada en 2022, busca establecer un sistema de pago por uso de las vías rápidas para financiar su mantenimiento y fomentar vehículos más limpios.
La amenaza de la Comisión Europea se intensifica con el aviso de que, de no adoptarse medidas correctivas, el caso podría ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Esta situación pone en relieve una larga historia de tensiones entre Bruselas y Madrid sobre este tema.
El Partido Popular ya había estudiado la posibilidad de implementar peajes en 2012 y 2018, mientras que el actual gobierno socialista se comprometió en 2021 a buscar nuevas fuentes de financiación para las carreteras a cambio de los fondos Next Generation.
Tres años después, España aún no ha implementado un sistema de tarificación por uso coherente.
Es necesario llegar a un pacto de país sobre la forma de financiar las infraestructuras, declaró el ministro de Transportes, Oscar Puente.
Las propuestas hasta ahora han carecido de concreción, como la idea de exenciones para conductores habituales o personas con movilidad reducida que circulan por las autovías.
La falta de acción por parte del gobierno español genera preocupación entre los expertos.Juan Bravo, portavoz económico del Partido Popular, ya había advertido a los votantes en 2022 sobre la necesidad de pagar por el uso de las autopistas como una consecuencia inevitable del Plan de Recuperación y Resiliencia.
Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT), también había insinuado la posibilidad de implementar peajes.
La presión europea se intensifica mientras España se encuentra ante un punto crítico en su relación con Bruselas.
El 25 de marzo será crucial para determinar si el gobierno español finalmente tomará medidas concretas para cumplir con la normativa europea o si enfrentará consecuencias legales por su procrastinación.