Vecinos de Orán y zonas adyacentes han expresado su preocupación por el aumento de las denominadas casas binacionales en Aguas Blancas, una localidad fronteriza entre Salta y Bolivia.
Estas estructuras, ubicadas a lo largo del límite internacional, cobran un monto específico para facilitar el cruce de personas sin controles migratorios oficiales.
Las denuncias, difundidas principalmente en redes sociales, señalan que la presencia de personal de Gendarmería Nacional Argentina en las inmediaciones de estas viviendas genera dudas sobre la legitimidad de estas operaciones.
Es indignante ver cómo se aprovechan de la necesidad de las personas para generar un negocio lucrativo, expresó una vecina que prefirió mantener su anonimato.
Se estima que, considerando el flujo diario de alrededor de 3.000 personas por la zona, estas casas binacionales podrían obtener ingresos diarios de hasta 4 millones de pesos, según cálculos extraoficiales.
Esta situación contrasta con los recientes esfuerzos del gobierno para combatir el tránsito clandestino en la región, mediante el cierre de pasos ilegales cerca a la terminal de transporte.
La proliferación de estos establecimientos, que se encuentran incluso dentro de la selva circundante, genera alarma entre los habitantes locales y plantea serias interrogantes sobre el rol de las fuerzas de seguridad.
Exigimos explicaciones claras sobre la participación de Gendarmería en este esquema y medidas urgentes para garantizar un cruce fronterizo seguro y legal para todos, manifestó otro ciudadano afectado.
El fenómeno no es nuevo, ya que en 2021 se detectó una red similar ubicada a 100 metros del paso fronterizo internacional Pocitos-Salvador Mazza, utilizada por contrabandistas para transportar drogas desde Bolivia hacia Argentina.
En esa ocasión, un equipo de investigación periodística logró ingresar a una casa binacional y salir al lado boliviano sin encontrarse con ningún tipo de control oficial.
En las últimas semanas, medios de comunicación bolivianos han denunciado la existencia de nuevos pasos ilegales en la zona, señalando que algunos establecimientos se disfrazan de alojamientos para cobrar una tarifa por el cruce fronterizo.
La situación se convierte en un punto crítico en el combate contra el narcotráfico y la inmigración irregular.