El cierre del año judicial en Orán, Salta, estuvo marcado por una causa judicial que promete tener un fuerte impacto en la política local.

El fiscal penal 3 de Orán, Carlos Salinas, investiga presuntas irregularidades en la gestión municipal de Hipólito Yrigoyen durante la administración de la intendenta Soledad Cabrera y su hermano Ariel Cabrera, quien ocupaba un cargo público en la misma localidad.

La investigación se centró en el presunto libramiento de cheques sin fondo a favor de la empresa cordobesa Sinergy SRL por la compra de pintura.

Se estima que el monto total de los cheques emitidos asciende a 42 millones de pesos, correspondiendo a tres pagos: dos diferidos por 15 millones cada uno y un tercero de 12 millones.

La denuncia, radicada en la Fiscalía Penal N 3 de Orán, señala que la empresa habría entregado solo 56 tachos de pintura de 20 litros, lo que implica un precio unitario exorbitante de aproximadamente 750.000 pesos por tacho, una cifra muy superior a los precios promedio observados en comercios locales de Orán.

El fiscal Salinas ha solicitado numerosos informes al Departamento Legal y Técnico del municipio sobre las cuentas bancarias, la contratación de empresas involucradas, movimientos financieros y datos filiatorios de la intendenta y el Secretario de Gobierno.

Se espera que el fiscal pueda solicitar la intervención del municipio ante la gravedad de los hechos.

Es una situación preocupante que afecta gravemente a la economía local, declaró David Villalba, concejal de Hipólito Yrigoyen, quien junto a su abogado David Leiva solicitó ser querellante en la causa.

Villalba también instó al fiscal a citar a declarar a los actuales concejales por un posible incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.

La empresa Sinergy SRL respondió a las acusaciones mediante una carta documento, rechazando el pago y argumentando que la mercadería entregada estaba en mal estado y que no se completó el envío acordado.

Alegan que la municipalidad actuó de mala fe al intentar cobrar cheques ya rebosados.

El caso sigue su curso judicial con una gran expectativa por parte de los habitantes de Hipólito Yrigoyen.

Los próximos pasos judiciales se esperan tras la feria judicial y podrían desencadenar un proceso de auditoría interna o incluso una intervención del municipio.