Un escalofriante incidente ocurrido durante una fiesta clandestina en San Lorenzo ha puesto de manifiesto la creciente preocupación por la violencia asociada a estos eventos y la necesidad urgente de una acción judicial contundente.
Dos menores resultaron gravemente heridos tras un violento altercado, lo que ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las autoridades ante este problema persistente.
Juan Pablo Dávalos, presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, expresó su preocupación en una reciente entrevista al afirmar que estas fiestas clandestinas son frecuentes en la localidad, pero la Policía se encuentra impedida de actuar sin una orden judicial, dejándose atada de pies y manos.
Dávalos argumenta que el principal obstáculo reside en la falta de acción por parte de los fiscales y jueces.
A pesar de que la Municipalidad puede imponer multas elevadas -que pueden llegar hasta 1 millón 148 mil pesos- y clausurar las propiedades donde se celebran estos eventos, la suspensión efectiva depende de la intervención policial, la cual necesita autorización judicial para proceder con la evacuación.
La solución es que cuando la policía pida permiso para evacuar, lo hagan.Que se pongan los pantalones y evacúen la fiesta, y así la gente va a tomar respeto, enfatizó Dávalos, quien considera que una acción más contundente por parte del sistema judicial es fundamental para disuadir este tipo de eventos y proteger a la comunidad.
La situación en San Lorenzo refleja un problema más amplio que afecta a numerosas localidades.El auge de las fiestas clandestinas ha generado un ambiente de inseguridad y temor, especialmente para los vecinos que se ven obligados a convivir con el ruido excesivo, la presencia de personas desconocidas y la posibilidad de violencia.