Diecinueve comunidades indígenas, lideradas por el cacique Eduardo Pisco, se manifestaron en la Ciudad Judicial de Salta para exigir la restitución del Ex Lote Fiscal 4, actualmente registrado como matrícula catastral 17.452.
Las tierras, formalmente adjudicadas a estas comunidades mediante decretos provinciales en el año 2000, están siendo ocupadas ilegalmente por la empresa Agropecuaria Sanz, que controla 6.000 de las 13.413 hectáreas asignadas a los pueblos originarios Wichí, Toba, Chorote y Chulupí del departamento San Martín.
Queremos que las tierras sean devueltas a las comunidades, pero ellos no asisten a las audiencias, expresó Pisco en diálogo con medios locales, mostrando su frustración ante la falta de compromiso de la empresa para llegar a un acuerdo.
El cacique, acompañado por un grupo de manifestantes, asistió a la audiencia convocada para las 10 de la mañana, sin que la representación de la empresa se hiciera presente.
El caso está bajo el manejo del Dr. Palomino y el Dr. Cazón en el Juzgado N1. Las comunidades afectadas, entre ellas El Paraíso, Pacará, Tonono y Misión Chorote, exigen un cese inmediato a la ocupación de sus tierras por parte de Agropecuaria Sanz y que se respete el decreto de adjudicación de 2000.
Queremos que la tierra sea nuestra, de vuelta, reiteró Pisco.
La ausencia constante de la empresa en las audiencias ha generado un clima de desconfianza y ha impulsado a las comunidades a tomar medidas drásticas para recuperar su territorio.
Cortar la ruta es un delito, pero si no se respetan nuestros derechos, vamos a realizar el desalojo nosotros mismos, advirtió Pisco con preocupación, evidenciando la gravedad de la situación.
El Ex Lote Fiscal 4, situado a 30 kilómetros de Tartagal, fue reconocido como Propiedad Comunitaria en el año 2000 mediante los decretos 1.32600 y 2.99200, reconociendo la propiedad de los pueblos indígenas sobre estas tierras.
Desde entonces, las comunidades afectadas han enfrentado desalojos y obstáculos para el acceso pleno a su territorio ancestral.
El gobierno provincial aprobó en 2023 el estatuto social de la Asociación Consorcio Administrador Ex Lote Fiscal 4 y registró su personería jurídica ante la Subsecretaría de Regulación Territorial y Registro de las Comunidades Indígenas, una acción que hasta el momento no ha generado resultados significativos.
El conflicto por el Ex Lote Fiscal 4 evidencia la persistencia de las injusticias históricas sufridas por los pueblos indígenas en Argentina.
La urgencia de resolver este conflicto radica en respetar los derechos territoriales de las comunidades y asegurar su acceso a sus tierras ancestrales, pilares fundamentales para la preservación de su cultura y modo de vida.