Un panorama complejo se desarrolla en el municipio de Rivadavia Banda Norte, Chaco Salteño, luego de la imputación y arresto domiciliario del intendente Atta Miguel Gerala por delitos federales relacionados con el robo y contrabando de rieles ferroviarios.
El diputado Guillermo Durand Cornejo presentó un proyecto de ley para intervenir el Municipio, argumentando que la gravedad institucional requiere medidas drásticas.
La iniciativa busca activar el artículo 179 de la Constitución de Salta, que faculta a la Provincia a intervenir los Poderes Municipales en situaciones de crisis o gravedad institucional.
Esta misma medida se ha aplicado previamente en municipios como Aguaray, Salvador Mazza y Aguas Blancas, generando un precedente relevante.
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, manifestó que por el momento no se contempla la intervención del Municipio, aunque el Ejecutivo provincial mantiene contacto con el Concejo Deliberante para garantizar el funcionamiento regular de la comuna durante el proceso judicial contra Gerala.
Durand Cornejo sostiene que los delitos federales imputados al intendente y su arresto domiciliario justifican la intervención, argumentando que se evidencia una grave crisis institucional que afecta el normal desarrollo del municipio.
De acuerdo con el artículo 181 de la Constitución provincial, otro mecanismo para abordar esta situación sería la destitución del intendente por parte del Concejo Deliberante, mediante una votación con dos tercios de los miembros del cuerpo legislativo local.
En caso de ser destituido, Gerala podría apelar ante la Corte salteña, que tendría un plazo máximo de 60 días para emitir su fallo.
La causa federal contra Gerala y otros implicados detalla la organización ilícita dedicada al robo y contrabando de rieles ferroviarios, incluyendo productos sanitarios y de corralón, entre otros bienes ilegales.
La investigación revela el uso de herramientas municipales, maquinaria y hasta un grupo electrógeno en las operaciones ilícitas, además del almacenamiento de rieles robados en terrenos del Municipio e incluso en una propiedad perteneciente al intendente.
El fiscal Eduardo Villalba enfatiza que sin la participación activa del intendente, la operación no habría sido posible, argumentando que él proporcionaba los recursos necesarios para el robo y ejercía influencia sobre los habitantes de la zona.
La medida cautelar de arresto domiciliario dispuesta por el juez Gustavo Montoya busca evitar que Gerala interfiera en el proceso judicial y presione a testigos.
El caso ha generado un profundo impacto en la comunidad local, desatando preocupación e indignación ante la magnitud del delito y las posibles implicaciones para el futuro del municipio.
La situación política y administrativa de Rivadavia Banda Norte se encuentra en vilo, a la espera de los desarrollos del proceso judicial y la eventual intervención provincial.