La violencia de género, un problema social profundamente arraigado, se ha cobrado otra víctima dentro del ámbito político salteño.
El caso que involucra a Ramiro Daniel Escotorín, presidente del partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular (UP), y Emilia Beatriz Liendro, su ex esposa, pone al descubierto las profundas heridas que aún persisten en la sociedad.
Las denuncias de Liendro, quien afirma haber sido víctima de violencia por parte de Escotorín, alcanzaron un punto crítico en 2021, cuando llevaron a la retirada de la candidatura del político a senador provincial.
La presión ejercida por sectores feministas locales, que alertaron a Lía Verónica Caliva, líder del Partido Comunista Revolucionario (PCR), convirtió la situación en un escándalo que obligó al partido UP a tomar una decisión drástica para evitar mayores daños a su imagen pública.
La justicia salteña ha intervenido en el caso, ordenando medidas perimetrales para proteger a Liendro y pericias psicológicas para ambos involucrados.
Según fuentes cercanas, las tensiones siguen presentes, con escenas de celos y confrontación pública protagonizadas por la ex pareja.
Este caso cobra una relevancia aún mayor si se considera el contexto nacional actual, marcado por la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades por parte del gobierno de Javier Milei y las denuncias de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández por parte de su ex esposa, Fabiola Yáñez.
La situación en Salta refleja una preocupante realidad: la violencia de género se extiende incluso al ámbito político, donde figuras públicas que se presentan como defensores de los derechos humanos son acusados de perpetrar actos violentos contra sus parejas.
La comunidad salteña exige respuestas y justicia para Liendro, mientras el caso sigue desarrollándose en las instancias judiciales.
Es importante recordar que la violencia de género es un delito grave y que cualquier persona que sea víctima puede denunciar ante las autoridades competentes.