El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, presentó un proyecto de Ley de Juicio por Jurados a la Legislatura provincial con el objetivo de incorporar este sistema de justicia en la administración de la Justicia Penal para delitos graves.
La iniciativa, que será analizada primero por la Cámara de Diputados y posteriormente por la de Senadores, busca responder a la creciente demanda ciudadana de mayor transparencia en el ámbito judicial.
Si bien la publicidad de los juicios ha contribuido a una mayor transparencia, la participación plena del pueblo se logra con la integración de ciudadanos como jurados, afirmó Sáenz.
El gobernador destacó que la inclusión ciudadana en la administración de justicia no solo aumenta la legitimidad de las decisiones judiciales, sino que también fomenta la confianza en un sistema que ha sido objeto de cuestionamientos respecto a su credibilidad.
Implementar el juicio por jurados es un paso necesario para afianzar la justicia, ya que se trata del modelo consagrado en la Constitución Nacional y permite una mayor participación social, lo que deriva en una mejor aceptación de las resoluciones judiciales, subrayó Sáenz.
La transparencia del proceso también está garantizada mediante un riguroso sistema de selección de jurados, que incluye la nominación aleatoria auditada y la definición final del panel a través de audiencias públicas.
Salta se sumaría así a las 12 jurisdicciones provinciales que ya han implementado el Juicio por Jurados: Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, San Juan, Chaco, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Chubut, Catamarca, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe.
Cabe recordar que la Constitución Argentina exige desde hace 170 años que los delitos más graves sean juzgados por ciudadanos mediante el sistema de jurados.
Este mandato se ha mantenido inalterado a lo largo de las reformas constitucionales y se encuentra vigente en los artículos 5, 118, 121, 122, 123 y 126.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que este mandato constitucional debe ser cumplido por las provincias, las cuales son las encargadas de sancionar sus propias leyes procesales en materia penal.