En un encuentro histórico que refleja la creciente preocupación por la seguridad pública en América Latina, la ministra de Seguridad de la Nación Argentina, Patricia Bullrich, recibió a su par salvadoreña, Gustavo Villatoro, en Buenos Aires.
La reunión, a la cual asistió también el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Marcelo Ramón Domínguez, se centró en analizar estrategias conjuntas para enfrentar el flagelo del crimen organizado transnacional.
El encuentro, cargado de simbolismo por la elección del modelo Bukele como referencia, marca un giro significativo en las políticas de seguridad argentinas.
El régimen autoritario implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, caracterizado por medidas drásticas y una amplia concentración de poder, ha logrado reducir significativamente la violencia en El Salvador.
Si bien se cuestionan los medios utilizados para alcanzar este objetivo, el éxito aparente del modelo ha despertado interés en otros países que enfrentan problemas similares de delincuencia.
No vamos a permitir que aquellos que por años le robaron la paz y la seguridad a nuestra gente sigan destruyendo nuestras calles, declaró Bullrich durante la reunión, haciendo explícita su intención de aplicar medidas similares al modelo Bukele.
Estamos construyendo una doctrina que defienda a los ciudadanos y a las víctimas, y no a los delincuentes, agregó la ministra, enfatizando el enfoque de seguridad ciudadana como prioridad absoluta.
El acuerdo bilateral acordado entre Argentina y El Salvador abarca varios ejes fundamentales:
Cooperación internacional: La creación de mecanismos para compartir información e inteligencia sobre actividades criminales transnacionales.
Refuerzo del control territorial: La implementación de estrategias para controlar zonas estratégicas y disuadir la presencia criminal.
Coordinación en la lucha contra el narcotráfico: La intensificación de acciones conjuntas para combatir el tráfico de drogas.
Propuestas legislativas: La armonización de leyes y marcos legales para facilitar la persecución de delincuentes a nivel regional.
Apoyo a las Fuerzas de Seguridad: El intercambio de recursos, capacitación y tecnología entre los cuerpos policiales de ambos países.
Control en las cárceles: La mejora de las condiciones carcelarias y la implementación de programas de rehabilitación para reintegrar a los reclusos a la sociedad.
El ministro Domínguez, quien participó activamente en el encuentro, mostró un especial interés en el Régimen de Excepción implementado por Bukele en El Salvador.
Este régimen, criticado por sus vulneraciones a los derechos humanos, ha sido clave en la reducción de la violencia en el país centroamericano.
Me gustaría conocer más sobre las experiencias del régimen de excepción en El Salvador, manifestó Domínguez al ministro Villatoro.
Estamos buscando soluciones efectivas para combatir la inseguridad en Salta y consideramos que la experiencia de El Salvador podría ser valiosa.
Villatoro, por su parte, defendió el Régimen de Excepción como una herramienta esencial para la lucha contra la criminalidad.
El Régimen de Excepción es una pieza clave en nuestra estrategia de seguridad, afirmó.Nos ha permitido reducir drásticamente la violencia y recuperar el control del territorio.
Las declaraciones de Bullrich y Villatoro han generado un debate intenso en Argentina sobre las medidas a tomar para combatir el crimen organizado.
Algunos sectores, preocupados por la escalada de violencia y la inseguridad ciudadana, apoyan la adopción de medidas más drásticas.
Otros, en cambio, advierten sobre los riesgos de erosionar los derechos humanos y la democracia.
El modelo Bukele, con su enfoque autoritario y su impacto en la seguridad pública, se presenta como una opción controversial para Argentina.
Su implementación podría marcar un punto de inflexión en las políticas de seguridad del país, pero también genera incertidumbre sobre el futuro de la democracia argentina.
La decisión final recaerá en las autoridades argentinas, quienes deberán encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales.