El juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, se encuentra en vilo a la espera del pronunciamiento del jurado que analizará la acusación presentada por el procurador Pedro García Castiella.

La solicitud busca su destitución, argumentando que su actuar ha transgredido las normas legales y constitucionales propias de su cargo.

La presidenta de la Corte, María Teresa Ovejero, tendrá a su cargo convocar a los miembros del jurado para que evalúen si la acusación es admisible o debe ser rechazada.

El procurador García Castiella basa su denuncia en el supuesto manejo irregular de varios casos por parte del juez Oyarzú.

En la presentación se detalla y respaldan con documentación hechos que evidencian un patrón de conductas, según el documento, intolerables para la sana crítica y un juicio de valor elemental, desnaturalizando así su actuación dentro de los límites de la investigación penal.

La conducta del magistrado lesiona el servicio de justicia y deslegitima su permanencia, se puede leer en la acusación.

La misma destaca que las demoras provocadas por el juez en la tramitación de diligencias investigativas impactaron negativamente en la eficacia de las pesquisas.

Las demoras comparan con una carrera de obstáculos, donde luego de períodos excesivos y largos, el Tribunal de Impugnación lograba corregir los desvíos y falta de racionalidad del denunciado, se señala en la acusación.

Entre los casos mencionados en la acusación se encuentran el robo a la empresa Abra el Sol y el homicidio de César Martínez, hermano del ex intendente de Aguas Blancas, Conejo Martínez.

La denuncia afirma que Oyarzú invadió facultades propias del Ministerio Público Fiscal, causando perjuicios al imputado, a la familia de la víctima y poniendo en riesgo una investigación por un hecho gravísimo cometido en un contexto de violencia de género.

El jurado deberá analizar si admite o no esta acusación.Si así lo hace, se iniciarán las etapas para el juicio de jury.

El caso ha generado gran repercusión en la comunidad legal y ha encendido un debate sobre la transparencia y la ética en el sistema judicial.