La provincia de Salta se enfrenta a un nuevo conflicto ambiental por el posible desmonte de casi 12 mil hectáreas de bosques nativos.
El gobierno provincial convocó a una audiencia pública para el próximo 18 de octubre en Orán, con el objetivo de autorizar la tala solicitada por la empresa Quebracho Colorado S.A., propiedad de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel.
La iniciativa pretende destinar el área desforestada a proyectos agroganaderos.
La propuesta ha generado una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, quienes denuncian que se trata de un ataque al ecosistema y las comunidades indígenas.
El gobierno de Sáenz prepara los trámites para legalizar la impunidad y el ecocidio, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, quien destacó la preocupación por la destrucción de 11.955 hectáreas del área conocida como Finca El Chaguaral.
Greenpeace señala que Quebracho Colorado S.A. cuenta con un historial de pedidos de desmontes en Salta que suman más de 68 mil hectáreas, de las cuales ya ha desmontado 17.200.
La organización ambientalista recuerda la denuncia realizada en 2013 contra la empresa por un desmonte que afectó a las comunidades wichi de El Traslado, Pozo El Bravo y Desemboque.
El caso se inscribe en una preocupante tendencia de deforestación en la provincia.Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007 hasta finales del 2022, Salta ha perdido 714.052 hectáreas de bosque nativo.
Greenpeace estima que solo en 2023 se desmontaron 8.526 hectáreas, muchas de ellas habitadas por el yaguareté, especie en peligro crítico de extinción.
La situación se agrava con la propuesta del gobierno provincial de modificar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
Esta actualización incluiría una nueva categoría de zonificación denominada marrón, que permitiría desmontes en áreas previamente protegidas.
Según Greenpeace, esta categoría, inexistente en la Ley Nacional de Bosques, abarcaría más de 3 millones de hectáreas y representaría una flexibilización de las normas ambientales.
Giardini advirtió que si se aprueba esta modificación, Greenpeace recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para frenar lo que considera una catástrofe para los bosques y las comunidades indígenas y campesinas.
La crítica también apunta a que la propuesta no contempla la restauración de los desmontes ilegales ya realizados ni ha incluido la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas.