El gobierno de Javier Milei continúa con su plan de desregulación y reducción del rol estatal, cerrando esta vez el Ente Nacional Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), organismo responsable de la infraestructura hídrica y el saneamiento en el país.
Este cierre se suma a una serie de medidas tomadas recientemente como la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano Decahf, el anuncio de eliminación de otros organismos públicos y la decisión de privatizar Aerolíneas Argentinas.
A diferencia del caso de Decahf, donde se prevén despidos masivos de más de 1.300 trabajadores, el cierre de Enohsa no implica la pérdida inmediata de puestos de trabajo.
Por lo menos hasta el momento, el gobierno ha anunciado la reubicación de los empleados en otros entes o empresas públicas.
No obstante, esta medida genera incertidumbre y preocupación entre los trabajadores, quienes temen por su futuro laboral a largo plazo.
La decisión del gobierno de cerrar Enohsa ha generado fuertes críticas desde diversos sectores.La Federación Gráfica Bonaerense (FGB) denunció que el gobierno nacional está llevando adelante un proceso de vaciamiento de la Casa de Moneda, otra entidad estatal que se encuentra bajo la mira de este plan de desregulación.
La empresa del Estado se encuentra semiparalizada y sin cumplir con sus objetivos básicos y elementales para los que fue creada hace ya casi un siglo y medio, denunció el gremio en un comunicado.
La FGB remarcó que es preocupante que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) esté llevando adelante licitaciones privadas para la fabricación de billetes, marginando a la Casa de Moneda, entidad con amplia experiencia en este ámbito.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defiende estas decisiones argumentando que se busca reducir el tamaño del Estado y aumentar la eficiencia.
La reducción del gasto público es fundamental para lograr una mejor gestión económica, afirmó el funcionario.
Los críticos señalan que esta política puede afectar la calidad de vida de los ciudadanos al reducir la inversión en servicios públicos esenciales como la salud, la educación y el transporte público.