Ante el creciente panorama preocupante del consumo de sustancias psicoactivas en la provincia, un proyecto de ley impulsado con urgencia busca declarar un estado de emergencia sociosanitaria para abordar esta crisis sanitaria sin precedentes.
El proyecto, presentado por la senadora Alejandra Navarro, fue analizado por las comisiones de Salud Pública y Seguridad Social, y Adicción, Tráfico y Consumo Ilícito de Drogas del Senado, en una reunión crucial que congregó a expertos, autoridades y actores relevantes del sector.
El encuentro, presidido por Manuel Pailler y Esteban DAndrea, presidentes de las comisiones respectivas, contó con la presencia del secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia, Martín Teruel, quien ofreció un análisis detallado sobre la situación actual y los recursos disponibles para afrontar este problema complejo.
La propuesta legislativa faculta al Poder Ejecutivo a firmar convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales, coordinando medidas efectivas para dar solución a la emergencia sanitaria y disponiendo las partidas presupuestarias necesarias para implementar las acciones de prevención, tratamiento y recuperación.
El proyecto también autoriza al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos para la construcción y puesta en funcionamiento de centros de atención especializados en terapia y recuperación para personas con adicciones a sustancias psicoactivas, garantizando una cobertura amplia y eficiente en todo el territorio provincial.
Teruel, durante su exposición, destacó que los consumos problemáticos, liderados por la ingesta de bebidas alcohólicas, seguido del consumo de pasta base y marihuana, requieren un enfoque multidimensional que aborde las causas subyacentes y brinde atención integral a quienes sufren de adicciones.
Estamos trabajando en tres niveles de complejidad para atender estos casos: consultas ambulatorias, casas de día e internación, explicó Teruel.
Hemos incorporado profesionales en salud mental a distintas áreas operativas y, para aquellas que carecen de especialistas, se han implementado programas de psicología y psiquiatría vía plataforma virtual, con dos consultorios de tele salud con base en la ciudad de Salta.
El secretario también detalló las iniciativas para fortalecer la red de atención provincial.En el interior de la provincia, Orán y Tartagal cuentan con dispositivos de rehabilitación que abarcan los tres niveles de complejidad.
Güemes está refuncionalizando un centro de día y se construirá otro de igual envergadura en Metán.
En Cafayate existe un centro que atiende a personas con problemas de consumos problemáticos, además de otras patologías.
En Salta Capital, el Centro de Integración y Tratamiento CEDIC ofrece servicios de primer y segundo nivel en una de sus alas, mientras que la otra está destinada a internación con capacidad para 25 camas.
Añadió Teruel, estamos trabajando en acciones de capacitación para equipos de salud sobre consumo problemático y prevención del suicidio, y desarrollamos una guía específica para equipos que no cuenten con especialistas en salud mental, para que sepan actuar y derivar casos adecuadamente.
También resaltó la importancia de la línea 911, donde psicólogos atienden emergencias en salud mental las 24 horas.
La urgencia de la situación fue remarcada por los senadores presentes en la reunión.Es vital que podamos llegar con servicios a todos los rincones de la provincia, manifestó el senador Luis Altamirano.
Los tratamientos muchas veces requieren el traslado del adicto acompañado por personas de su entorno familiar, lo cual resulta muy oneroso y dificulta su cumplimiento.
En esta línea, el senador Dani Nolasco agregó: La Ley de emergencia propuesta sería una herramienta fundamental para brindar las respuestas concretas que demanda nuestra sociedad.
El proyecto de ley ha generado un profundo debate en el ámbito político y social.Algunos sectores sostienen que la declaración de emergencia sanitaria es necesaria para movilizar recursos y atender con mayor celeridad la crisis, mientras que otros argumentan que se deben explorar alternativas más integrales que aborden las causas subyacentes del problema.
Los datos son alarmantes: según estudios recientes, el consumo de sustancias psicoactivas en la provincia ha aumentado significativamente en los últimos años, especialmente entre jóvenes y adolescentes.
La adicción no solo afecta al individuo sino también a sus seres queridos y a toda la sociedad, generando un impacto económico y social considerable.
La declaración de emergencia sociosanitaria podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra las adicciones en la provincia.
La implementación de medidas contundentes y la asignación de recursos económicos específicos podrían contribuir a mejorar la atención a personas con problemas de consumo y disminuir el daño que esta problemática genera en la comunidad.
La necesidad de abordar este problema con urgencia es evidente, y la sociedad espera que las autoridades tomen acciones efectivas para proteger la salud pública y garantizar un futuro más saludable para todos los habitantes de la provincia.
El proyecto de ley, si bien no ofrece todas las respuestas, representa un paso crucial hacia la creación de una red de atención integral y efectiva para quienes padecen adicciones.
Es fundamental que la sociedad participe activamente en este debate, exigiendo a sus representantes un compromiso firme con la salud pública y el bienestar de todos los ciudadanos.