El Senado se prepara para debatir un proyecto de ley presentado por el gobernador Gustavo Sáenz que busca eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del sistema electoral provincial.
La iniciativa, que también ratifica la implementación del voto electrónico, propone retornar al antiguo esquema de elecciones internas donde los partidos políticos designen a sus candidatos para cargos públicos.
La propuesta ha generado un intenso debate político en la provincia. Funcionarios del Ministerio de Gobierno, junto con representantes del Tribunal Electoral, defendieron la eliminación de las PASO y el mantenimiento del voto electrónico, argumentando que tanto los partidos como la ciudadanía expresan su rechazo a las PASO, considerándolas costosas e innecesarias.
El proyecto se impulsa en respuesta a la escucha activa realizada a los partidos políticos y a la ciudadanía, quienes han manifestado su descontento con el sistema de PASO, afirmó el secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo.
Por su parte, María José Ruiz de los Llanos, secretaria del Tribunal Electoral, resaltó las ventajas del voto electrónico, afirmando que con la boleta única papel cada voto tendría una dimensión imposible de manipular.
No obstante, la propuesta ha sido criticada por sectores que argumentan que la eliminación de las PASO limita la participación ciudadana y reduce la competencia política.
Se cuestiona también la viabilidad económica del sistema de voto electrónico, considerando su alto costo de implementación y mantenimiento.
En relación al funcionamiento del sistema electoral, el proyecto establece que los partidos políticos y agrupaciones municipales deberán postular a sus candidatos según sus propias normas internas y las alianzas existentes.
La incompatibilidad en la presentación de candidaturas se mantendrá, permitiendo a cada individuo postularse únicamente por un partido político y para una sola categoría de cargo electivo.
La ley también contempla la creación de un digesto jurídico que recopilará todas las leyes provinciales sancionadas desde 1855 hasta la actualidad.
Este instrumento permitirá a los ciudadanos acceder fácilmente a la normativa legal vigente, garantizando transparencia y acceso a la información pública.