La ciudad de Orán se encuentra en el ojo del huracán debido a una profunda crisis institucional que afecta al Concejo Deliberante local, marcada por acusaciones de corrupción y una escalada de tensiones entre sus integrantes.
Alejandra Pato, la presidenta del Concejo, ha rechazado tajantemente las imputaciones formuladas por la concejala Patricia Segovia, calificándolas como una campaña de desprestigio con fines políticos.
De acuerdo a Pato, las denuncias, difundidas en medios locales y formalizadas en una denuncia penal, carecen de fundamento y buscan silenciarla por sus acciones que benefician a la comunidad.
Para respaldar su postura, la presidenta ha solicitado una auditoría al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la cual según afirma, respalda la transparencia en las cuentas del Concejo.
Pato ha declarado públicamente que emprenderá acciones legales contra Segovia por calumnias y falsas imputaciones.
La situación se complica aún más con la reciente contratación del abogado Pablo Cardozo Cisneros como asesor del Concejo, un nombramiento rodeado de controversia debido a su pasado defendiendo a figuras vinculadas al narcotráfico.
A pesar del rechazo generado por esta decisión, Pato ha defendido la elección de Cardozo basándose en su capacidad profesional y ha negado que su trabajo fuera del ámbito institucional pueda influir en su rol dentro del Concejo.
Cardozo Cisneros mismo ha calificado el ambiente laboral dentro del Concejo como un Chernóbil de toxicidad.
En declaraciones a medios locales, ha asegurado que, aunque renunció junto con Pato, no tiene intención de regresar debido a la falta de condiciones mínimas de convivencia y respeto.
La crisis en el Concejo Deliberante de Orán se agrava sin señales de resolución, generando una incertidumbre preocupante para la comunidad y poniendo en riesgo la gobernabilidad del municipio.
La situación deja a los ciudadanos con la incógnita de si las acusaciones son infundadas o si existe una realidad más compleja que trasciende las posturas políticas.