El gobierno del presidente Alberto Fernández ha generado un fuerte debate político al ordenar el cierre de tres fondos fiduciarios: Progresar, Bosques Nativos y Emergencias.
La medida, respaldada por el decreto 88824, busca ordenar la gestión gubernamental y asegurar una mejor administración de los recursos públicos, según explicaron desde el Ministerio de Economía.
La decisión ha sido criticada por la oposición y expertos en finanzas quienes argumentan que el cierre de estos fondos perjudicará programas sociales y ambientales cruciales.
El Fondo Fiduciario Progresar, creado para financiar acciones del Programa de respaldo a estudiantes argentinos, y el Fondo Nacional de Emergencias, nunca llegaron a implementarse.
Por su parte, el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, diseñado para financiar medidas de protección ambiental, evidenció debilidades en sus registros según una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La auditoría reveló un déficit de capacidad institucional y logística en las jurisdicciones encargadas de su gestión, además de la falta de indicadores claros sobre su desempeño.
Federico Sturzenegger, economista y ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, ha sido uno de los principales críticos de la medida.
En sus redes sociales, Sturzenegger señaló que los fondos cerrados o no se habían puesto en marcha o habían mostrado graves irregularidades en su funcionamiento.
Cuestionó el modelo de asignación de recursos para gastos específicos argumentando que no permite ponderar en cada momento el beneficio de un gasto frente al beneficio que lograría en otro uso, tomando como ejemplo la necesidad de poder reasignar fondos del turismo a la ayuda a damnificados ante una catástrofe natural.
Desde el gobierno se argumenta que los objetivos de estos fondos continuarían impulsándose a través del presupuesto nacional, que es la única fuente de validación de gastos en una sana administración pública.
La medida ha generado incertidumbre y preocupación sobre el futuro de programas sociales y ambientales que dependían de los fondos cerrados.
El debate sobre la gestión gubernamental y la asignación eficiente de recursos públicos se intensifica con este caso, poniendo en evidencia las complejidades del sistema financiero nacional y sus implicaciones en la vida de los ciudadanos.