El Decreto 9152024 establece oficialmente la Boleta Única de Papel como formato único para las elecciones nacionales.
Esta nueva modalidad, que busca modernizar el sistema electoral argentino y promover la transparencia, ha generado opiniones divididas entre expertos y actores políticos.
La boleta estará organizada en franjas horizontales, diferenciando las categorías de cargos electivos, y columnas verticales para las agrupaciones políticas.
Cada candidato estará identificado con su nombre, símbolo y fotografía. A diferencia del modelo implementado en Mendoza, se eliminó la opción de votar por lista completa, lo que busca incentivar una selección individualizada de los candidatos en cada categoría.
Esta medida busca fortalecer el voto consciente y evitar la votación masiva sin análisis de las candidaturas, señaló un vocero del Poder Ejecutivo.
Algunos especialistas expresan preocupación por esta decisión.Si bien se pretende fomentar la reflexión, la complejidad de la boleta podría desincentivar la participación electoral, especialmente entre aquellos que no están familiarizados con el nuevo formato, advirtió el politólogo Juan Pérez.
La implementación de la Boleta Única de Papel coincide con una creciente demanda de transparencia en las elecciones argentinas.
Las últimas encuestas indican que un 70% de los ciudadanos considera fundamental asegurar la veracidad y confiabilidad del proceso electoral.
El Gobierno argumenta que esta nueva modalidad contribuirá a reducir errores, fraudes y manipulaciones durante el conteo de votos.
No obstante, la oposición política critica la falta de consulta previa con las fuerzas políticas y los partidos, argumentando que la decisión fue unilateral y no refleja el consenso necesario para una reforma electoral exitosa.
Es fundamental garantizar la participación ciudadana en cualquier cambio que afecte al sistema democrático, declaró el diputado Ricardo García.
La Boleta Única de Papel se presenta como un paso significativo en la modernización del sistema electoral argentino, pero su éxito dependerá de la capacidad del Poder Ejecutivo para abordar las preocupaciones y críticas planteadas por expertos y actores políticos.