El reciente decreto 8882024, emitido por el gobierno de Javier Milei, ha generado una profunda preocupación en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
La medida, que busca la disolución del fideicomiso encargado de administrar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, es vista como un grave retroceso en la protección ambiental.
Para las provincias, esta decisión representa una amenaza latente al eliminar una herramienta financiera crucial para garantizar la preservación de sus bosques nativos.
La disolución del fideicomiso significa quedarnos sin una herramienta financiera que garantizaba proteger los fondos destinados a los bosques nativos, expresa con preocupación María Inés Zigarán, Ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy y titular de la Comisión de Bosques del COFEMA.
El COFEMA convocó a una asamblea extraordinaria para abordar esta crisis ambiental.
Se espera que las provincias adopten una postura unánime en contra del decreto y soliciten la restitución del fideicomiso.
Todas las provincias estarán representadas en la mesa plenaria, confirma Martín Recamán, Ministro de Ecología de Misiones y presidente del COFEMA, quien destaca el carácter crítico del asunto que se debatirá.
La Fundación Vida Silvestre, una organización ambiental con amplia trayectoria en la defensa de los bosques, ha calificado la decisión como un nuevo ataque a la conservación y uso sustentable de nuestros bosques nativos.
Manuel Jaramillo, director general de la fundación, advierte que esta medida pondría en riesgo 15.900 millones de pesos destinados a las provincias a través de la Ley de Bosques vigente desde 2007.
Estos fondos son cruciales para financiar el ordenamiento territorial de los bosques, asegurar la trazabilidad del uso de recursos y proteger la biodiversidad, afirma Jaramillo.
La Fundación resalta que, según la legislación vigente, el 70% de estos fondos debe ser destinado a los titulares de tierras que protegen o utilizan los bosques de forma sostenible, mientras que el restante 30% se destina a las provincias para la gestión y fiscalización.
Esta decisión del gobierno nacional contrasta con los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de clima y biodiversidad, y con las prioridades ambientales que se están implementando en otros países.
La falta de financiación adecuada a la Ley de Bosques es un problema recurrente que se ha agravado con el actual presupuesto propuesto para 2025.
Con solo 170 pesos por hectárea de bosque nativo anualmente, no podemos esperar una gestión efectiva, concluye Jaramillo, quien advierte sobre las graves consecuencias para la conservación de los bosques nativos y la biodiversidad del país.