La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Distrito Minero Occidental de Malargüe por parte del ejecutivo provincial ha generado un debate en torno a sus potenciales beneficios y riesgos.
El gobernador Alfredo Cornejo celebró la decisión, argumentando que este proceso, riguroso y participativo, fue liderado por la autoridad ambiental minera y el Ministerio de Energía y Ambiente.
Este proceso cuenta con 13 dictámenes sectoriales y el dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, explicó Cornejo, destacando que los documentos fueron publicados en la web y abiertos a la ciudadanía.
Recordó que se llevó a cabo una audiencia pública multitudinaria donde se recibieron las voces de la comunidad.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, resumió el proceso como un gran apoyo de la comunidad, destacando las visitas al lugar que permitieron a los ciudadanos conocer cómo son los trabajos de exploración minera.
El gobernador se mostró optimista sobre el impacto del proyecto en la economía provincial: La aprobación permitirá explorar y convertir el potencial en cobre, clave para la transición energética y el futuro sostenible de Mendoza y Argentina, manifestó en sus redes sociales.
La decisión no ha sido recibida con uniformidad.Críticos alertan sobre los posibles impactos ambientales y sociales que puede generar la actividad minera a gran escala.
La ley minera 7.722 establece la necesidad de la ratificación legislativa de la DIA para proyectos metalíferos, no solo en la etapa de explotación, sino también en las fases de prospección y exploración, explica un especialista en derecho ambiental.
Es fundamental que esta fase se realice con rigor científico y transparencia, garantizando la participación ciudadana y el control social sobre los proyectos mineros.
La ratificación por parte de la Legislatura de las 34 declaraciones es esperada para finales del año, abriendo la puerta a que las empresas comiencen sus operaciones en Malargüe.
El futuro del proyecto dependerá en gran medida de la capacidad de las autoridades provinciales y locales de asegurar un desarrollo económico sostenible que no ponga en riesgo el medio ambiente y los derechos de la población local.