Una profunda sensación de indignación e incertidumbre recorre el sector universitario argentino tras la aprobación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento de las Casas de Altos Estudios.
La medida, considerada una afrenta al mandato popular y un ataque directo a la educación pública, ha generado un fuerte rechazo por parte de docentes, sindicatos y autoridades universitarias, quienes han convocado a un paro nacional para expresar su disconformidad.
La Asociación del Personal de la UBA (APUBA) expresó su profunda tristeza en redes sociales, declarando que la Universidad de Buenos Aires se encontraba en estado de luto.
Desde el gremio se denunció una bochornosa jornada en la Cámara de Diputados, donde los legisladores que apoyaron el veto poniendo en juego el futuro de todo un país.
La crítica hacia la decisión del Ejecutivo no solo proviene de la APUBA. El Frente Sindical de Universidades Nacionales, agrupando a los sindicatos docentes de las facultades públicas, emitió un comunicado contundente repudiando a los diputados que votaron a favor del veto.
Repudiamos a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad, expresaron desde el frente gremial, que convocó a un paro total para consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto universitario.
El documento, firmado por CONADU, FEDUN, CERA, FAGDUT y UDA, resalta la vulneración de la democracia al manejo antirrepublicano de gobernar por decreto.
Se denuncia que la voluntad popular ha sido defraudada al desestimar la necesidad de fortalecer las instituciones públicas.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las autoridades universitarias del país, también se pronunció en contra del veto, denunciando una visión egoísta por parte de los legisladores que priorizaron intereses particulares sobre el bienestar del sistema universitario.
Se señala que el 70% de los salarios docentes y no docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras que las partidas presupuestarias son insuficientes para cubrir incluso el mantenimiento básico de la infraestructura.
La situación genera un clima de incertidumbre e impotencia en el sector académico.El futuro del sistema universitario público se encuentra en riesgo, amenazado por una política económica y educativa que prioriza la privatización y el recorte del gasto social.