Un nuevo proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para implementar un divorcio simplificado en sede administrativa ha generado controversia entre los profesionales del derecho, quienes expresan su preocupación por las implicaciones que podría tener para la justicia y los individuos.
El objetivo del proyecto es agilizar el proceso de disolución matrimonial cuando ambas partes estén de acuerdo, evitando así la judicialización y la sobrecarga de los tribunales.
Los abogados argumentan que la ausencia de una intervención profesional en este proceso podría resultar perjudicial para las partes involucradas.
El divorcio es una etapa compleja y abrumadora emocionalmente, explica el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta en un comunicado.
La participación de profesionales del derecho es fundamental para garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera justa y eficiente, protegiendo los derechos de ambas partes.
Los colegios de abogados de varias provincias, incluyendo Salta, han emitido pronunciamientos en contra del proyecto de ley, argumentando que la intervención profesional es crucial para asegurar un proceso equitativo y evitar que una de las partes quede desfavorecida.
El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta ha anunciado su intención de iniciar gestiones con los legisladores nacionales para que rechacen la iniciativa.
La propuesta del divorcio administrativo, si bien busca agilizar el proceso, genera debate sobre el balance entre eficiencia y justicia en casos sensibles como este.
El sector legal advierte sobre los riesgos potenciales de eliminar la figura del abogado en un proceso tan complejo, destacando la necesidad de una intervención especializada para proteger los intereses de las personas involucradas.