Un usurpador reclama una isla inexistente y amenaza a comunidades indígenas en la frontera argentina-boliviana.
La banda del río Grande de Tarija, zona fronteriza entre Argentina y Bolivia, se ha convertido en un escenario preocupante donde disputas territoriales, contrabando y violencia amenazan la seguridad de las comunidades locales.
Horacio Cruz Castro, líder de cañeros bermejeños conocido por sus agresiones hacia la comunidad Tape Iguapegui y la cacique Natalí Vásquez, ha iniciado acciones legales en Bolivia contra miembros de esta comunidad originaria de Salta.
En su denuncia ante el fiscal de Materia III de Tarija, José Gustavo Valeriano, Cruz Castro reclama la propiedad de una supuesta isla llamada Isla Valle Dorado, que no figura en ningún registro oficial boliviano.
Evelyn Elías Arroyo, directora del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia en Tarija, confirmó al fiscal que el predio en cuestión no existe según las bases de datos y el Sistema de Mantenimiento y Administración de Tierras (SIMAT).
A pesar de la evidente inexistencia del Isla Valle Dorado, Cruz Castro insiste en su reclamación, lo que evidencia una preocupante falta de control territorial por parte de las autoridades bolivianas.
Este caso refleja un patrón más amplio de usurpación y violencia que afecta a comunidades indígenas en la zona fronteriza.
Los catastros que productores cañeros de Bermejo comenzaron a ocupar ilegalmente desde 1994, corresponden al departamento San Martín, incluyendo terrenos como El Trementinal, Chuschal, Polvareda, Porcelana, Aujoncito, Algarrobito, San Telmo y Churqui.
La situación es aún más preocupante debido a la ausencia de control estatal en la zona.El borde fronterizo del río Grande de Tarija presenta una presencia casi nula de las fuerzas federales argentinas, lo que facilita actividades ilegales como el contrabando.
La porosidad de los flancos limítrofes de los municipios de Aguaray y Salvador Mazza, con más pasos ilegales que efectivos de Gendarmería, agrava aún más la problemática.
La ley nacional 14.027 obliga a los propietarios y ocupantes de propiedades linderas con las fronteras nacionales a permitir el libre desplazamiento de fuerzas federales, pero esta norma parece ignorada en la zona.
El contrabando de caña de azúcar, material ferroviario y otros productos se ha convertido en un problema endémico que afecta la economía nacional y pone en riesgo la seguridad de las comunidades locales.
En 2014, la AFIP logró desmantelar una operación de contrabando de 70.000 toneladas de caña de azúcar, pero según expertos, el volumen actual de estas actividades ilegales es aún mayor.
Virginia Cornejo, Directora Nacional de Fronteras, reconoció la gravedad de la situación y destacó que se están tomando medidas para recuperar el control de la zona.
Estamos trabajando fuertemente para lograr el control de esa zona…estamos enfocados en aplicar leyes vigentes que permitan a las fuerzas de seguridad acceder a zonas que hoy son privadas, afirmó Cornejo.
La Directora Nacional de Fronteras añadió que se está equipando a las fuerzas de seguridad y se están tomando medidas contra funcionarios corruptos, como la destitución de intendentes y el enjuiciamiento de jueces implicados en actividades ilegales.
Para los habitantes de la banda del río Grande de Tarija, la situación es desesperante. Su acceso al resto de la provincia está restringido por la falta de infraestructura vial y la inseguridad reinante.
La comunidad Tape Iguapegui, además de sufrir amenazas e intimidaciones, se ve afectada por la pérdida de sus tierras ancestrales y la creciente presencia del crimen organizado en su territorio.
La situación en la banda del río Grande de Tarija exige una respuesta urgente y contundente por parte del gobierno argentino para proteger los derechos de las comunidades indígenas, garantizar la seguridad de los ciudadanos y recuperar el control territorial.
La inacción solo contribuirá a profundizar la crisis y perpetuar un ciclo de violencia e inseguridad en la frontera.