La provincia de Salta dio un giro significativo en su política minera con la reciente promulgación de dos leyes que amplían las regalías a proyectos nuevos y adhieren a un régimen nacional de incentivos fiscales.
A través del Decreto 574, el Ejecutivo provincial oficializó la Ley 8448, la cual incrementa las regalías mineras hasta el 5% para nuevas iniciativas.
Con el Decreto 588, por otro lado, se promulgó la Ley 8451 que adhiere al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) establecido a nivel nacional.
Este régimen busca atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares en sectores como la forestoindustria, el turismo, la infraestructura, la tecnología y las energías renovables.
El debate legislativo en torno a estas leyes centró su atención en el impacto que tendrán sobre la industria minera provincial.
Si bien el RIGI se plantea como una herramienta para homogeneizar normativas nacionales y provinciales con el objetivo de atraer inversiones, los empresarios del sector local expresan su preocupación por el aumento de las regalías mineras.
Consideramos que este incremento va en contraposición al espíritu del RIGI y a la Ley Bases del Gobierno nacional, señala un representante del gremio minero salteño, quien prefiere mantener el anonimato.
Si bien entendemos la necesidad de fortalecer los ingresos provinciales, creemos que esta medida podría desincentivar nuevas inversiones y afectar el desarrollo del sector.
Por otro lado, las autoridades provinciales argumentan que el aumento en las regalías permitirá a la provincia financiar proyectos de infraestructura y desarrollo social.
Se destaca el potencial económico que representa la participación de Salta en la denominada Mesa del Litio, junto con Jujuy y Catamarca, como una región estratégica para la producción de este recurso energético vital para el futuro.
El impacto de estas decisiones en el panorama minero salteño será objeto de análisis e investigación en los próximos meses.
La tensión entre el estímulo a las inversiones y la necesidad de obtener mayores recursos fiscales plantea un desafío complejo para el desarrollo económico sostenible de la provincia.