El destino de Aguas Blancas pende de un hilo tras la contundente decisión del Senado provincial que analiza la intervención del ejecutivo municipal.
La medida surge en respuesta a la detención del intendente Carlos Alfredo Martínez, acusado de obstruir las investigaciones sobre el asesinato de su hermano, César Oreja Martínez.
El crimen, ocurrido en noviembre pasado, desencadenó una investigación que destapó un entramado de corrupción y narcotráfico que ha debilitado gravemente el orden institucional de la localidad fronteriza.
La propuesta de intervención, aprobada por unanimidad en la Cámara baja, busca restablecer la seguridad y la legitimidad en Aguas Blancas.
La medida se considera necesaria para garantizar la continuidad del gobierno municipal mientras la justicia avanza con su investigación.
Si el Senado provincial ratifica la iniciativa, el gobernador tendrá facultades para designar un interventor que asumirá las funciones del ejecutivo hasta las próximas elecciones municipales en 2025.
Entendimos que si la justicia salteña avanzaba en la detención del intendente Martínez y otra gente era porque había evidencia de un hecho que quebraba la autoridad y el orden institucional, afirmó el diputado oficialista Germán Rallé, uno de los principales impulsores de la intervención.
La gravedad del caso se intensifica con la imputación al juez Claudio Parisi por obstruir las pesquisas sobre el asesinato de César Martínez.
Se le atribuye la comunicación a Martínez sobre un allanamiento inminente y el acceso indebido de Roberto Ortega Serrano, abogado involucrado en el caso, a documentos judiciales.
Es una situación excepcionalísima, por lo que pedimos prudencia y responsabilidad, manifestó la diputada Socorro Villamayor, destacando las preocupaciones del gobierno provincial ante la creciente influencia del crimen organizado en el norte de Salta.
La intervención de Aguas Blancas representa un antecedente inédito en la provincia, generando debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control frente a la impunidad y la corrupción.
La situación genera angustia en la población local que busca una solución rápida para restablecer la paz y seguridad en su comunidad.