La situación del juez Claudio Parisi, magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 de Orán, se torna insostenible ante dos pedidos de juicio que pesan sobre él.
Las acusaciones lo implican en hechos de corrupción relacionados con drogas y bandas mafiosas del norte provincial, generando una crisis de confianza en la justicia local.
Parisi enfrenta un complejo panorama judicial, acusado por el equipo especial de fiscales que investiga su actuar.
La gravedad de las denuncias ha llevado a la Procuración de la Provincia a armar un grupo específico para analizar las pruebas contra el juez.
La acumulación de pruebas contundentes sobre la participación del magistrado en actos de corrupción es preocupante y exige una respuesta contundente, afirmó un experto legal que prefirió mantener su anonimato.
El primer pedido de juicio se relaciona con la supuesta recepción de sobornos por parte del magistrado a cambio de favorecer a una mujer involucrada en el tráfico de drogas.
La investigación, iniciada tras el análisis del celular de la sargento Mariana Castellanos, sobrina de Parisi y quien actuaba como intermediaria para recibir los pagos, reveló diálogos entre Castellanos y Beatriz Leniz, una imputada por narcotráfico, acordando la concesión de beneficios procesales a cambio de dinero.
Se han encontrado pruebas fehacientes que demuestran cómo el juez se benefició económicamente en detrimento del debido proceso, señaló un integrante del equipo fiscal.
El segundo pedido de juicio, presentado hace un mes, imputa a Parisi el cobro de sobornos a través de su secretario letrado para otorgar arresto domiciliario a José Dimas Ruiz, detenido por el robo millonario a la empresa Abra del Sol.
En este caso, las investigaciones se centran en los mensajes de celular entre el abogado Roberto Ortega Serrano y el hermano de Ruiz, donde se habla de pagos por pasamanos o entradas, aludiendo a un soborno para favorecer al detenido.
La unidad fiscal sostiene que la gravedad de las acusaciones contra Parisi exige una respuesta contundente del Poder Judicial.
Los fiscales esperan que el juez sea separado de sus funciones mientras dure la investigación y posteriormente juzgado por los cargos que se le imputan.
El caso ha generado conmoción pública en Orán, donde la corrupción judicial erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
La comunidad espera que la justicia actúe con rapidez y contundencia para garantizar un proceso imparcial y ejemplarizante.