Un grave incidente ha sacudido al Hospital San Bernardo de Salta, donde un ciudadano boliviano falleció utilizando el documento de identidad de una persona perteneciente a la comunidad wichí Santa María de Santa Victoria Este.
La situación, que ya está bajo investigación policial, ha generado preocupación por las posibles implicaciones en materia de seguridad y atención médica.
El fallecido, identificado como Javier Herrera Pérez, oriundo de Tarija, Bolivia, llegó al hospital acompañado de una mujer que se presentó como su tía para atender un cáncer de páncreas.
Según el gerente del nosocomio, Pablo Salomón, el paciente venía derivado de la ciudad de Tartagal, y había sido atendido previamente en el mismo hospital bajo la misma identidad falsa durante el año anterior.
El engaño salió a luz el 5 de septiembre cuando el referente intercultural del hospital contactó al cacique de la comunidad wichí para confirmar la identidad del paciente, revelando que la información proporcionada era falsa.
El hombre falleció al día siguiente y, al momento de tramitar su certificado de defunción, se descubrió que el DNI utilizado no correspondía al fallecido.
Se entrega un certificado de defunción a un paciente que está vivo, lamentó Salomón, quien calificó la situación como gravísima y admitió la necesidad de implementar controles más rigurosos para evitar futuras suplantaciones de identidad.
Este caso cobra especial relevancia en el contexto de la nueva normativa provincial que establece el cobro de atención sanitaria a ciudadanos extranjeros a partir de febrero de 2024.
Fuentes cercanas a la investigación sostienen que el objetivo del engaño podría ser evadir el pago de los servicios médicos, ya que se ha observado una disminución en la cantidad de pacientes bolivianos buscando atención en hospitales salteños tras la implementación de esta política.
La cónsul de Bolivia en Salta, Felipa Huanca, ha reiterado su solicitud de atención médica gratuita para sus ciudadanos, pero el director del hospital de Orán, Fabián Valenzuela, le explicó que no es posible debido a la ley vigente.
El caso está siendo investigado por la justicia y genera interrogantes sobre la seguridad de los sistemas de identificación en el ámbito sanitario, así como sobre las posibles consecuencias socioeconómicas de la nueva política de salud para ciudadanos extranjeros.