La implementación del sistema de scoring para las licencias de conducir en Salta ha sido recibida con entusiasmo por algunos sectores, pero también con serias dudas sobre su efectividad debido a contradicciones operativas y falta de preparación.
El Concejo Deliberante aprobó esta medida para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad, una problemática que afecta gravemente a la ciudad.
Gustavo Farquharson, impulsor de la ordenanza, afirma que es un medio para fomentar una mayor conciencia social entre los salteños y considera que la penalización directa es crucial para cambiar conductas.
El presidente del Tribunal Administrativo de Faltas, Justo Herrera, advierte sobre las limitaciones logísticas para una implementación eficiente.
No tenemos cómo controlar las inhabilitaciones en las licencias digitales, declara, señalando además la falta de capacidad operativa para gestionar el volumen diario de infracciones.
Una de las principales contradicciones radica en que no todos los conductores serán sancionados de la misma manera.
Si una persona tiene carnet nacional y otra tiene carnet municipal, ambas cometen la misma infracción, pero solo a la primera se le descuentan puntos, explica Herrera, generando una sensación de inequidad y un claro problema de coherencia.
El Tribunal Administrativo de Faltas no fue consultado durante las deliberaciones del Concejo Deliberante, lo que refleja una preocupante desconexión institucional.
Ricardo Baez Nunes, especialista en tránsito y siniestralidad vial, destaca la falta de voluntad política para implementar el sistema en el pasado, priorizando intereses políticos coyunturales por encima de la seguridad vial.
A pesar de las críticas, Baez Nunes defiende el sistema como una sanción necesaria: Las faltas graves como cruzar un semáforo en rojo o el exceso de alcoholemia quitan hasta 10 puntos de una sola vez.
Las fallas estructurales en Salta dificultan que esta herramienta cumpla con su objetivo principal.
El Secretario de Tránsito Municipal, Matías Assennato, estima que la implementación del sistema tardará entre 30 y 45 días, una vez que se aprueben las reglamentaciones.