La Corte de Justicia de Salta asumió la competencia para investigar las precarias condiciones de detención en varias comisarías provinciales tras un recurso de Habeas Corpus presentado por el Comité Provincial para la Prevención de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
El recurso, presentado por el comité presidido por Rodrigo Sebastián Solá, denuncia niveles alarmantes de hacinamiento, falta de higiene, ausencia de servicios sanitarios mínimos y espacios de descanso inadecuados para más de 800 personas detenidas en diferentes comisarías del interior provincial.
Hemos encontrado situaciones verdaderamente inhumanas que violan los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, afirmó Solá en declaraciones a este medio.
Las inspecciones realizadas por el comité revelaron condiciones deplorables en establecimientos como las comisarías 3 y 4 DUR 4 de Tartagal, Nro.1 de Pichanal, Nro.
1 de Embarcación, Nro.1 de Rosario de la Frontera, Nro.1 de Metán, Cuerpo Policial Femenino de Metán, Comisarías Nro.
1, 3 y 4 de Orán, Subcomisaría Nro.9 y Brigada de Investigación de Orán, y Comisaría 2 de Colonia Santa Rosa.
Las celdas están sobrepobladas, la falta de higiene es evidente, no hay acceso a agua potable ni alimentos adecuados, denunció Solá.
El Comité solicita a la Corte que realice visitas in situ a las comisarías inspeccionadas, ordene el traslado inmediato de personas condenadas a centros penitenciarios y el traslado progresivo de quienes se encuentran en prisión preventiva a alcaidías.
Exigen la clausura e inhabilitación de las comisarías 3 y 4 DUR 4 de Tartagal, así como la conformación de una mesa de emergencia integrada por representantes del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, junto al Ministerio Público y el Comité para encontrar soluciones definitivas a esta crisis carcelaria.
Por su parte, el Procurador General Pedro García Castiella expresó su preocupación por la situación denunciada: La Corte debe actuar con celeridad para garantizar los derechos de las personas detenidas y evitar que se perpetúen estas violaciones.
El caso ha generado un fuerte debate en Salta sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos, especialmente en el marco de un sistema penitenciario colapsado.
El impacto emocional de este hacinamiento extremo es palpable para las personas privadas de libertad y sus familias, quienes sufren las consecuencias directas de esta crisis carcelaria que exige una solución urgente.