En un giro inesperado en una investigación que involucra al homicidio agravado de César Daniel Martínez, hermano del intendente Carlos Alfredo Martínez de Aguas Blancas, el Ministerio Público Fiscal solicitó la detención del juez Claudio Parisi, del propio intendente y de su abogado Roberto Ortega Serrano.
La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, acusa a estos tres individuos de haber entorpecido las investigaciones judiciales.
La solicitud, dirigida al juez de Garantías Raúl López debido a la inhibición del juez Francisco Oyarzú en la causa, alega que Parisi permitió un acceso indebido al expediente a Ortega Serrano y comunicó anticipadamente al intendente sobre los planes de allanamiento de la Fiscalía a sus domicilios.
Estas acciones, según la Fiscalía, frustraron los avances en la investigación.
Estas acciones no solo representan una violación grave a las normas procesales, sino que también ponen en entredicho la imparcialidad del sistema judicial, declaró un portavoz del Ministerio Público Fiscal, quien prefirió mantener el anonimato.
Para avanzar en la investigación, se solicitó además autorización judicial para allanar el domicilio del juez Parisi, proceso que requiere intervención de la Corte de Justicia de Salta debido a los privilegios constitucionales que protegen al magistrado, quien enfrenta cargos por violación de secretos, incumplimiento de deberes públicos y obstrucción de la justicia.
La causa se originó tras el homicidio de César Daniel Martínez.Las conversaciones extraídas del teléfono celular del intendente Carlos Alfredo Martínez revelan intercambios con Ortega Serrano sobre información confidencial relacionada a la investigación.
Entre los datos obtenidos se encuentran solicitudes de allanamientos en varios inmuebles, incluyendo la vivienda del propio intendente, y las respuestas del juez Parisi a esos requerimientos.
La situación ha generado un gran impacto emocional en la comunidad.Familiares de la víctima expresaron su indignación ante lo ocurrido: Es intolerable que personas con cargos públicos puedan actuar con impunidad.
Queremos justicia para César, manifestó una hermana de la víctima, quien pidió no revelar su nombre por temor a represalias.