Una profunda ola de indignación recorre Salta tras la detención del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Conejo Martínez, y del juez de Garantías, Claudio Parisi, ambos acusados de graves delitos de corrupción vinculados al narcotráfico.
Las autoridades investigan un entramado que podría salpicar a varios funcionarios públicos y profesionales del ámbito judicial.
Se está investigando una situación muy parecida: coimas a cambio de favores en los expedientes, declaró el procurador General de Salta, Pedro García Castiella, en entrevista exclusiva con Radio Salta.
El caso presenta similitudes con el escandaloso caso del exjuez federal Raúl Reynoso, donde también se denunciaron prácticas corruptas y obstrucción de justicia.
Las investigaciones, que se extendieron durante dos años, apuntan a un posible sistema corrupto que permitió la impunidad en diversos casos relacionados al narcotráfico.
La detención de Parisi se fundamenta en su presunta intervención para favorecer al intendente Conejo Martínez.
Se le acusa de haber obstaculizado las investigaciones sobre la muerte del hermano del intendente, César Martínez, y de haber facilitado información confidencial al funcionario a través de mensajes de WhatsApp.
Se le acusa de permitir que el abogado Roberto Ortega Serrano accediera indebidamente a un expediente de su juzgado y de avisar al intendente, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía planeaba allanar su domicilio, explicó García Castiella.
Estas acciones, según las autoridades, carecen de fundamento legal y podrían haber entorpecido el avance de las investigaciones sobre el homicidio de César Martínez.
A pesar de las amenazas recibidas por parte de sectores involucrados en la trama corrupta, García Castiella se mostró firme en su compromiso de esclarecer los hechos.
He trabajado siempre en la calle, y esto me genera mayor ímpetu para ir a fondo con la investigación, aseguró el procurador.
El caso ha generado un profundo impacto social en Salta, donde la población exige transparencia y justicia.
La comunidad espera que las autoridades investiguen exhaustivamente y castiguen ejemplarmente a todos los responsables de estos delitos que atentan contra la seguridad y la integridad del estado de derecho.