El Senado argentino inició el debate sobre la movilidad previsional proveniente de la Cámara de Diputados, una iniciativa que el gobierno de Javier Milei ha anticipado vetar.
La discusión se enmarca en un contexto económico complejo donde la precariedad del sistema previsional cobra especial relevancia.
Durante el debate, Mariano Recalde, señaló la crisis del sistema previsional como reflejo de la situación económica del país y defendió el deber constitucional del Estado de garantizar los ingresos de los jubilados.
Recalde criticó al presidente Milei quien, a través de sus redes sociales, calificó a los legisladores que impulsan la ley de degenerados fiscales.
El proyecto prevé un costo fiscal del 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente al ajuste propuesto para el Impuesto a los Bienes Personales.
Manuel Adorni, vocero presidencial, reiteró la postura oficial de vetar cualquier iniciativa que afecte el equilibrio fiscal y las cuentas públicas.
Martín Lousteau, por su parte, destacó la amplia mayoría con la que el proyecto salió de la Cámara de Diputados y criticó al presidente Milei por su posición sobre la evasión fiscal.
Es inmoral decir que quien evade es un héroe, afirmó Lousteau, denunciando la falta de sensibilidad del gobierno frente a las dificultades que enfrentan los jubilados.
Bruno Olivera Lucero, desde el oficialismo, anunció que La Libertad Avanza acompañará un dictamen en minoría y argumentó que el gobierno ha solucionado el problema de los aumentos con una fórmula que sigue al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un bono adicional para los jubilados.
El debate sobre la movilidad previsional se dio en paralelo con la polémica generada por el incremento a las dietas de los senadores, criticado por diversos sectores políticos.
Fuentes cercanas a la vicepresidenta Victoria Villarruel indicaron que ella no participará en la sesión dedicada al tema, argumentando que debe ser resuelta por los propios legisladores.
A su vez, el Senado dio media sanción a una modificación del Código Penal para agravar las penas por la comercialización y sustracción de menores de edad, un debate impulsado por el caso Loan Danilo Peña, un niño desaparecido en el norte argentino.