El gobierno ha decidido dar de baja a una significativa cantidad de pensionados que recibían Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral tras la culminación de severas auditorías realizadas por la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Este proceso, según declaraciones del Dr. Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la ANDIS, busca garantizar que los beneficios lleguen a quienes verdaderamente los necesitan.
Se estima que entre el 30% y el 40% de los 400.000 pensionados auditados perderán su pensión, lo que significa aproximadamente entre 120.000 y 160.000 personas.
Un análisis previo a las auditorías reveló que solo el 7% de los casos revisados cumplían con todos los requisitos para recibir la Pensión por Invalidez Laboral.
Las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral se destinan a aquellos que, debido a problemas de salud o vulnerabilidad social, no pueden trabajar.
Su característica principal es que no requieren haber realizado aportes durante la vida laboral para acceder a ella, a diferencia de las pensiones contributivas.
La ANDIS considera fundamental esta auditoría para asegurar la transparencia en la asignación de recursos y evitar el otorgamiento fraudulento de beneficios.
La decisión ha generado un impacto emocional significativo tanto para los beneficiarios afectados como para la sociedad en general.
El monto de la Pensión por Invalidez Laboral equivale al 70% de una jubilación mínima, lo que en agosto de 2024 representa 157.878 pesos.
Con el aumento del 4,03% previsto para septiembre, los pensionados que mantengan su beneficio recibirán 164.240 pesos mensuales.
Para ser beneficiario de esta pensión, es necesario cumplir con ciertos requisitos:
Estar imposibilitado de participar plenamente en la sociedad por motivos de salud o situación económica.
No percibir ningún pago regular del Estado ni tener un trabajo registrado. No tener empleo en relación de dependencia ni estar registrado como autónomo o monotributista (excepto el monotributo social).
No contar con ingresos ni recursos suficientes para vivir. Ser argentino nativo, argentino naturalizado o extranjero con 10 años de residencia en el país.