Un cambio significativo en la normativa electoral provincial impacta la posibilidad de acceso a cargos públicos para quienes han sido condenados por delitos relacionados con el narcotráfico.
El Ejecutivo promulgó una ampliación de la Ley 8275, conocida como Ficha Limpia, incluyendo entre las causales de inelegibilidad a quienes sean condenados en segunda instancia por delitos de narcotráfico o lavado de dinero.
La modificación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal y oficializada mediante el Decreto 492, agrega un inciso g al artículo primero de la Ley 8275.
Este nuevo inciso incorpora los delitos previstos y reprimidos en la ley de estupefacientes (Ley Nacional 23.737), incluyendo el tráfico de sustancias y sus precursores químicos.
Esta ampliación busca fortalecer las medidas contra el narcotráfico, impidiendo que quienes han sido condenados por este tipo de delitos accedan a cargos públicos provinciales y municipales.
Este cambio responde a la necesidad de garantizar un sistema electoral transparente y confiable, afirmó el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada.
La Ley 8275, sancionada en 2021, ya establecía la inelegibilidad para condenados por sentencia firme en segunda instancia durante la vigencia de la condena.
La modificación ahora extiende esta restricción al incluir delitos relacionados con el narcotráfico y amplía el plazo de exclusión a la mitad más del tiempo de duración de la condena a partir de la sentencia confirmatoria.
La norma también abarca una amplia gama de otros delitos, incluyendo aquellos contra la administración pública, el orden económico y financiero, la integridad sexual y la libertad.
Esta medida ha generado debate sobre su alcance y posible impacto en el espectro político provincial.
Algunos analistas señalan que esta ampliación podría limitar la participación ciudadana, mientras que otros argumentan que es necesaria para fortalecer la ética política y combatir la corrupción.
El impacto emocional de esta decisión es palpable, especialmente para aquellos ciudadanos cuyas convicciones políticas o aspiraciones profesionales se vean afectadas.
El debate sobre el equilibrio entre la lucha contra el crimen y la protección de los derechos individuales continúa siendo un tema central en la sociedad provincial.