Un escándalo sacude a la localidad de El Quebrachal, Salta, donde se cuestiona el uso indebido de recursos públicos para beneficiar intereses privados.
El periodista Daniel Barboza ha denunciado que familiares del intendente Rolando Rojas estarían utilizando el servicio gratuito de la Defensoría Oficial del Ministerio Público Fiscal para litigar en un juicio por la posesión de 160 hectáreas de tierra.
Según información proporcionada por Barboza, Cecilia Ríos, pareja del intendente Rojas, y sus hermanos están involucrados en un juicio sucesorio para hacerse acreedores a las tierras.
Julio César Ríos, uno de los hermanos, se ha declarado como insolvente y carente de recursos económicos para afrontar el proceso legal, solicitando la defensa gratuita que ofrece la Defensoría Oficial Civil.
Barboza argumenta que los hermanos Ríos poseen una solvencia económica suficiente para contratar un abogado particular y administrar el juicio por sí mismos.
Julio Ríos no está litigando en forma individual, sino que lo hace en representación de sus hermanos, explica Barboza.
Cada hectárea en disputa puede llegar a valer alrededor de 10.000 dólares en el mercado inmobiliario.
Es evidente que todos los involucrados tienen la capacidad económica para afrontar un juicio con un abogado particular.
El defensor civil Virgilio Varela, quien se encuentra patrocinando legalmente a la familia Ríos, ha sido objeto de críticas por parte del periodista Barboza, quien cuestiona su rol en este caso.
La utilización del sistema judicial público para fines privados genera una profunda indignación en la comunidad y plantea serias dudas sobre el acceso equitativo a la justicia.
La situación se agrava al considerar que Cecilia Ríos ocupa un cargo de asesora legal en la Municipalidad de El Quebrachal, lo cual aumenta las sospechas sobre una posible utilización del poder político para beneficio personal.
Este caso ha generado un debate público acalorado sobre la necesidad de transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos y la defensa del acceso a la justicia para todos los ciudadanos.