Una reciente ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante busca frenar el creciente problema del robo de materiales como medidores de gas, electricidad y agua, así como cables y llaves de paso, que ha generado preocupación entre los vecinos de la ciudad de Salta.
El concejal José Albornoz explicó que esta norma responde a numerosas demandas de la comunidad y busca establecer un control más estricto sobre el sector de compraventa de chatarra.
La nueva legislación obliga a los comerciantes de chatarra a llevar un libro foliado y rubricado para registrar todas las transacciones, lo que permitirá identificar a los compradores y vendedores de materiales metálicos y facilitará la labor de las autoridades en la verificación del origen de estos productos.
Albornoz destacó: Esta medida permitirá rastrear el origen de los metales y combatir el robo masivo que tanto afecta a nuestra ciudad.
La ordenanza también establece la creación de un registro municipal de acopiadores y comercializadores de metales ferrosos y no ferrosos, donde deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas que se dedican a esta actividad.
Se exige la implementación de cámaras de seguridad en los locales para monitorizar las actividades dentro del establecimiento.
El documento define claramente qué materiales se consideran como metales ferrosos (hierro, acero) y no ferrosos (aluminio, cobre, plomo), especificando también las obligaciones respecto al registro de operaciones de adquisición, venta y traslado de estos materiales.
La Intendencia tendrá facultades para fiscalizar el cumplimiento de la norma, requiriendo la exhibición de los metales adquiridos y la documentación correspondiente.
El objetivo principal es proteger a los vecinos de Salta de un delito que genera pérdidas económicas y afecta la seguridad del servicio básico, afirmó Albornoz.
Se prevén campañas de difusión para informar a la población sobre la nueva normativa y se buscarán convenios con organizaciones locales para fortalecer el control y la prevención del robo de materiales.
El incumplimiento de los requisitos establecidos por la ordenanza conllevará sanciones, que incluyen el secuestro de mercadería en infracción y la intervención de las autoridades administrativas y judiciales en caso de irregularidades.
