Un fallo del Tribunal Oral Federal 1 de Salta ha generado polémica al sobreseer, en mayoría, al empresario Matías Huergo y a ocho imputados más en la causa conocida como el escándalo de las facturas apócrifas.
El caso, que salpicó gran parte del arco político salteño en 2018, involucraba acusaciones de formar una organización ilícita destinada a cometer fraudes fiscales mediante la emisión de facturas falsas.
La decisión del tribunal se basa en el argumento de que Huergo y los demás acusados se acogieron a la Ley Nacional 27.743 de blanqueo de capitales, firmando a favor de la extinción de la acción penal.
Los camaristas Marta Liliana Snopek y Mario Marcelo Juárez Almaráz votaron a favor del sobreseimiento, mientras que el juez Federico Santiago Díaz se pronunció en disidencia.
El fiscal federal Carlos Amad, quien llevó adelante la acusación contra Huergo, rechazó el pedido de absolución presentado por el acusado y calificó el decreto reglamentario de la ley 27.743 como inconstitucional, argumentando que extiende la extinción de la acción penal a un tipo delictivo no previsto específicamente en la norma legal.
El decreto reglamentario se excede en sus facultades, haciendo extensiva la extinción de la acción penal a un tipo delictivo no previsto específicamente por el régimen legal, explicó Amad en su presentación.
Considero que se trata de una injerencia indebida por parte del Poder Ejecutivo respecto de las facultades que son propias del Poder Legislativo, sobre todo en materia penal y tributaria.
El fiscal adelantó que recusará la decisión del Tribunal Oral Federal 1 y llevará el caso hasta las últimas instancias de la Justicia.
Esta postura podría tener trascendencia nacional, ya que cuestiona uno de los ejes de la política económica del gobierno actual, que se centra en la acumulación de reservas provenientes del blanqueo.
El juez Díaz también considera inconstitucional la reglamentación de la ley de blanqueo. Primero porque modifica por vía reglamento una ley tributaria.
Y segundo, porque se expide en materia penal, también vedada por la Constitución al Poder Ejecutivo, señaló el juez en su fallo.
El caso Huergo es un ejemplo del complejo panorama legal y político que rodea a los delitos de corrupción financiera y evasión fiscal en Argentina.