La Cámara de Diputados de Salta aprobó anoche, por unanimidad, una controvertida ley que introduce modificaciones al Código Procesal Penal, impactando directamente la inmunidad de legisladores, magistrados y funcionarios públicos.
La iniciativa, aprobada tras diversas objeciones de abogados y especialistas, busca fortalecer el accionar judicial en casos de presunta actividad delictiva por parte de estos actores.
Entre las principales reformas se encuentra la modificación del artículo 15 del Código Procesal Penal, que faculta a los fiscales a actuar con mayor celeridad en investigaciones, permitiendo la preservación de pruebas y la interrupción de hechos delictivos en curso siempre que no se vulneren las prerrogativas protegidas por la inmunidad.
Esta reforma busca garantizar la justicia efectiva para todos los ciudadanos, sin importar su posición o estatus, explicó el diputado , impulsor del proyecto.
Se trata de un paso fundamental para combatir la impunidad y fortalecer la confianza en el sistema judicial.
El artículo 18 del mismo código también fue modificado, definiendo que el llamado a declarar como imputado no constituye una medida restrictiva de la libertad.
En caso de falta de respuesta tras las citaciones correspondientes, el juez podrá solicitar el desafuero del individuo.
Paralelamente a esta reforma, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Ficha Limpia, un proyecto que busca transparentar las antecedentes judiciales de los aspirantes a cargos públicos.
Este debate se vio marcado por fuertes tensiones entre los legisladores, con cruces verbales protagonizados por el diputado y el retiro anticipado del bloque Ahora Patria, quien expresó su desacuerdo con ciertos puntos del proyecto.
En un tercer punto de la sesión legislativa, los diputados aprobaron la prórroga del estado de emergencia hídrica en la provincia por un año a partir del 2 de diciembre de 2024.
La medida busca continuar enfrentando las dificultades derivadas de la crisis hídrica que afecta a diversas localidades salteñas.
La aprobación de estas leyes ha generado opiniones encontradas, con algunos celebrando el fortalecimiento del sistema judicial y la transparencia en la selección de cargos públicos, mientras que otros expresan preocupación por posibles abusos y vulneración de derechos.