La Cámara de Apelaciones de Salta reencauzó el proceso legal iniciado tras las protestas vecinales contra la construcción de una cancha deportiva en Caspalá.
El proyecto, financiado con fondos nacionales, había generado un intenso debate al afectar tierras consideradas sagradas por la comunidad local.
Tras diversas denuncias, el conflicto escaló hasta los tribunales federales, quienes asumieron la competencia debido a la procedencia del financiamiento.
Una medida cautelar ordenó la paralización de las obras, generando impugnaciones por parte del Estado provincial que fueron rechazadas por la Cámara Federal de Apelaciones.
La Fiscalía de Distrito, bajo la dirección del fiscal general Eduardo Villalba, encomendó el caso a la fiscal Orsetti quien lideró una exhaustiva investigación que incluyó informes de reconocidos arqueólogos y geólogos nacionales.
Los expertos demostraron el daño ambiental y cultural ocasionado por la construcción, lo que llevó a la fiscal Orsetti a buscar un acuerdo para restaurar la paz social y reparar los daños a la comunidad.
El 13 de noviembre se firmó un acuerdo con el fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Ángel Rivas, quien se comprometió a restablecer las condiciones preexistentes al inicio de la obra.
La abogada querellante Silvana Llañes calificó el acuerdo como una reivindicación de los derechos avasallados y un respiro del horror que vivió la comunidad.
Los pobladores, por su parte, expresaron su alivio y satisfacción por ser escuchados, destacando que no se trataba solo de una cancha deportiva, sino de la protección de su patrimonio cultural e histórico.
Lo único que queríamos era que se nos respete, no ser discriminados, pues fuimos tratados como si fuésemos una peste, expresó un representante de la comunidad, recordando las escenas de violencia institucional que marcaron el conflicto: Nos azotaron con balas de goma y gases lacrimógenos; no tuvieron compasión de las mujeres, los niños y tampoco de nuestros abuelos que tuvieron que correr de un lado a otro entre llantos.
La justicia logró reparar el daño causado al pueblo de Caspalá, reconociendo sus derechos y protegiendo su patrimonio cultural.
Este caso pone de relieve la importancia del diálogo intercultural y la necesidad de proteger los derechos de las comunidades indígenas en proyectos de desarrollo.