El Concejo Deliberante de Salta aprobó la adhesión del municipio al Régimen de Regularización de Activos, establecido por la Ley nacional 27.743, que busca promover la declaración voluntaria de bienes y activos ocultos.
La medida, conocida comúnmente como blanqueo de capitales, ha generado debate entre los especialistas, quienes evalúan tanto sus posibles beneficios para la recaudación fiscal como las preocupaciones sobre su impacto en la lucha contra la corrupción.
La ordenanza municipal, elaborada con base al artículo 42 de la Ley nacional, establece una tasa especial del 1% sobre el monto del impuesto nacional a pagar por aquellos contribuyentes que declaren voluntariamente sus activos.
Esta tasa servirá para financiar un programa de fiscalización y registro de información financiera.
Si bien la adhesión a este régimen puede contribuir a aumentar la recaudación tributaria, es fundamental establecer mecanismos robustos de control y seguimiento para evitar su utilización como una vía para legalizar capitales ilícitos, afirma el Dr. Juan Pérez, experto en derecho tributario.
La norma otorga beneficios significativos a los contribuyentes que se acojan al régimen, liberándolos del pago de impuestos municipales, intereses o multas por hechos imponibles relacionados con los bienes declarados.
La declaración voluntaria de activos no podrá ser utilizada como base para futuras fiscalizaciones o determinaciones de deuda.
Algunos sectores critican la medida, argumentando que podría generar una amnistía fiscal y enviar un mensaje de impunidad a quienes han evadido el pago de impuestos de manera ilegal.
Es crucial que este régimen no se convierta en un mecanismo para proteger a los responsables de delitos financieros, sostiene Sofía González, directora de una ONG dedicada a la lucha contra la corrupción.
Se requiere transparencia y mecanismos efectivos para asegurar que los recursos obtenidos sean utilizados adecuadamente.
La aprobación de esta ordenanza marca un punto crucial en la política fiscal de Salta, abriendo un debate sobre el equilibrio entre la necesidad de recaudar impuestos y la responsabilidad de combatir la evasión y la corrupción.
La eficacia del régimen dependerá en gran medida de la implementación rigurosa y transparente de los mecanismos de control y seguimiento establecidos por las autoridades.