La Cámara de Diputados provincial aprobó media sanción a la ley que establece el juicio por jurados para los delitos más graves en Salta.
La iniciativa, impulsada por el arco oficialista, fue avalada por la mayoría de los legisladores presentes, mientras que los representantes del PRO y La Libertad Avanza votaron en contra.
El proyecto establece como obligatorios los juicios por jurados para los delitos contemplados en el artículo 80 del Código Penal Nacional, así como para sus delitos conexos.
Se define que la participación de los jurados será irrenunciable, salvo en casos de acuerdos de juicio abreviado que se lleguen a consensuar hasta antes de la audiencia de selección del jurado.
La diputada Socorro Villamayor defendió el proyecto al argumentar que se trata de una decisión política para acercar la justicia a la sociedad y otorgar un rol activo a los ciudadanos en el proceso judicial.
Es el ciudadano quien llega a la Justicia para, a través de su sentido común, determinar culpabilidad o no, expresó.
Por su parte, Patricia Hucena destacó que el juicio por jurados supone no solo el derecho del imputado a ser juzgado por sus pares, sino también el derecho del pueblo a juzgar.
Es un modo de democratizar el Poder Judicial y un mecanismo para afianzar la justicia, añadió.
No obstante, algunos legisladores manifestaron su oposición al proyecto.
Roque Cornejo, diputado prolibertario, consideró que no se trata de una prioridad legislativa inmediata y propuso incluir en el sistema los delitos contra la administración pública.
Sofía Sierra, diputada del PRO, cuestionó la falta de consulta ciudadana sobre la carga que implica participar como jurado y advirtió sobre las posibles deficiencias en cuanto a las garantías para quienes integren el jurado.
El Colegio de Magistrados provincial se posiciona a favor de la implementación del juicio por jurados, argumentando que es un mecanismo que permite la participación ciudadana en decisiones judiciales relevantes, como lo establece la Constitución Nacional.
Es la herramienta que permite participación ciudadana en decisiones judiciales sobre posibles afectaciones al máximo valor democrático: la libertad, sostuvo Horacio Rosatti en su fallo Canales.