El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha dispuesto un nuevo incremento en las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que alcanzará un 39% en dos etapas durante los meses de noviembre y diciembre.

Este ajuste, el tercero del año, suma a las actualizaciones realizadas en febrero y mayo, generando una repercusión significativa para los automovilistas porteños.

Desde el inicio del mes de noviembre, los automovilistas deberán abonar $44.857,12 por la VTV de sus vehículos, mientras que para las motocicletas la tarifa asciende a $16.866,19.

En diciembre, estos valores se incrementarán a $52.878,21 para los automóviles y $19.882,72 para las motocicletas, completando así el ajuste tarifario que incluye el impuesto al valor agregado (IVA) y el arancel correspondiente.

Este aumento viene precedido por una reestructuración del sistema de VTV implementada en 2022 mediante la ley 6.631.

Esta modificación extendió el plazo para que los vehículos nuevos realicen su primera verificación técnica a los 4 años, o al alcanzar los 60.000 kilómetros, y habilitó que los autos con menos de 8 años puedan realizar la VTV cada dos años, siempre que hayan recorrido menos de 80.000 kilómetros.

La actual coyuntura económica nacional impacta directamente en el costo de la VTV, explica un especialista del sector automotriz a nuestro medio.

El aumento del IVA y los costos operativos contribuyen al incremento tarifario que se refleja en las nuevas tarifas.

Implicaciones para la Ciudadanía

Este nuevo ajuste tarifario genera una preocupación latente entre los propietarios de vehículos, quienes ven su bolsillo afectado por el aumento del costo de este trámite obligatorio.

Los aumentos constantes de las tasas públicas nos afectan directamente, expresa un automovilista consultado por nuestro equipo.

La VTV se considera fundamental para garantizar la seguridad vial y reducir la contaminación, pero la accesibilidad a este servicio es una preocupación constante.

El gobierno porteño ofrece beneficios a jubilados con ingresos hasta dos haberes mínimos, personas con discapacidad y vehículos de uso municipal o bombero.

La mayoría de los automovilistas deberán afrontar el costo del incremento, lo cual podría generar un mayor impacto en la economía familiar.