La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, tomó la determinación de cesar a los docentes autoconvocados que durante meses acamparon en Plaza 9 de Julio, generando una profunda división en el ámbito educativo provincial.
La medida, dictada por Decreto N 20, finaliza un proceso sumarial iniciado en enero del año pasado para evaluar el accionar de estos educadores quienes, según la ministra, dejaron de impartir clases por más de 130 días en 2023, generando un perjuicio económico estimado en más de 250 millones de pesos.
La decisión fue anunciada por Fiore a través de su cuenta X, donde afirmó que se trata de un acto de justicia para los más de 30.000 docentes que trabajan con esfuerzo y dedicación por la educación de los salteños.
La medida ha sido recibida con rechazo por parte del sector docente autoconvocado, quienes argumentan que su lucha se basaba en reivindicaciones legítimas relacionadas al salario y las condiciones laborales.
Creemos que esta cesantía es una represalia contra aquellos docentes que se atreven a reclamar sus derechos, manifestó un portavoz del grupo autoconvocado durante una conferencia de prensa realizada este lunes.
Fiore defendió su decisión, reiterando en diferentes entrevistas que el acampe carecía de legitimidad y que la medida era necesaria para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes.
No podemos tolerar que un grupo de docentes imponga su voluntad sobre el sistema educativo provincial, señaló la ministra durante una entrevista con el periodista Mario Peña.
Cabe destacar que el conflicto docente se ha prolongado por varios meses, generando incertidumbre y preocupación en la comunidad educativa salteña.
La decisión de cesantía de los docentes autoconvocados es un nuevo capítulo en esta disputa que parece lejos de resolverse.