El Senado provincial debatirá en las próximas horas el nuevo mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, un proyecto que ha generado fuertes reacciones tanto a favor como en contra.
El ministro de Producción, Martín De Los Ríos, defendió la iniciativa ante los legisladores, argumentando que el nuevo mapeo busca corregir inequidades históricas y promover una mayor equidad productiva en la provincia.
De acuerdo con el ministro, el antiguo mapa concentraba las zonas verdes en un solo departamento, limitando el desarrollo productivo en otras regiones como Rivadavia y San Martín.
Nosotros hemos sido siempre críticos al ordenamiento que hoy tenemos.Hoy tenemos hechos concretos que nos dan la razón, manifestó De Los Ríos.
La elaboración del nuevo mapa se basó en una amplia mesa de trabajo con diversos sectores, incluyendo el CONICET, el INTA, la UNSA, organizaciones indígenas y más de ciento veinte grupos representativos de la sociedad civil.
Fue un proceso sumamente sustentado y participativo donde primero se acordó la metodología de trabajo, convalidada por la autoridad nacional, afirmó De Los Ríos.
La principal crítica al nuevo mapa proviene de organizaciones como Greenpeace y la Fundación Cebil, quienes sostienen que no respeta el principio de no regresabilidad establecido en la Ley Nacional de Bosques.
Este principio establece que las provincias no pueden disminuir la cantidad de hectáreas protegidas.
De Los Ríos rechazó esta afirmación y aseguró que el nuevo mapa reduce en un 30% las hectáreas disponibles para la deforestación.
Hoy se podrían desmontar en Salta un millón de hectáreas.En el nuevo ordenamiento, se va a poder distribuir en toda la región con actitud productiva 720.000 hectáreas, explicó.
El ministro resaltó que el nuevo mapa incorpora criterios de protección para las cuencas hídricas.
Agregamos un criterio de protección a las áreas a deforestar basado en la capacidad de las cuencas hídricas, afirmó De Los Ríos.
Los proyectos productivos solo podrán ejecutarse si las cuencas de aguas pueden soportar el volumen de producción que se demande, y la Secretaría de Ambiente será la responsable de evaluar la viabilidad de cada proyecto.
Este nuevo enfoque busca generar un equilibrio entre el desarrollo productivo y la protección ambiental.
El impacto emocional de este debate es significativo para los sectores productivos que buscan expandir sus actividades, así como para las organizaciones ambientales que defienden la preservación de los bosques nativos.