El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha concedido un indulto navideño a un grupo selecto de presos en situación vulnerable, excluyendo a aquellos condenados por delitos contra el Estado democrático.
Este perdón anual, establecido mediante decreto y publicado en el Diario Oficial, se basa en criterios específicos que priorizan la reintegración social de ciertos grupos penitenciarios.
Entre los beneficiados se encuentran mujeres embarazadas con embarazos de alto riesgo, madres y abuelas condenadas por delitos sin grave amenaza que sean esenciales para el cuidado de menores de 12 años, así como personas con discapacidades severas, incluyendo autismo, parálisis o ceguera.
El indulto abarca a presos mayores de 60 años que hayan cumplido una parte significativa de su condena y a aquellos condenados por delitos sin violencia o grave amenaza que cumplan ciertos requisitos.
Lula ha excluido expresamente del perdón a los condenados por crímenes contra el Estado democrático de derecho, como los golpistas que intentaron derrocarlo en enero pasado tras su tercer mandato.
La seguridad democrática es un pilar fundamental de nuestra sociedad y no podemos condonar aquellos actos que ponen en peligro la estabilidad del país, afirmó un alto funcionario del gobierno brasileño.
Este año, el indulto navideño también excluye a condenados por abuso de autoridad y delitos contra la administración pública, además de no contemplar penas accesorias como multas.
El decreto que regula las condiciones del perdón ha sido revisado y aprobado por el Consejo Nacional de Política Criminal y validado por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.
Este acto ha generado debate en la sociedad brasileña, con algunos sectores aplaudiendo la decisión de Lula de priorizar la reintegración social de los presos vulnerables y otros criticando la exclusión de los golpistas.
El indulto navideño se fundamenta en la Constitución brasileña, que prevé el perdón presidencial bajo criterios establecidos anualmente por el ejecutivo.
Este año, las reglas del decreto han sido revisadas para asegurar una mayor transparencia y equidad en la aplicación del indulto.