El organismo regulador del fútbol español, LaLiga, ha obtenido la autorización judicial para identificar las direcciones IP de los usuarios que acceden a contenidos deportivos a través de plataformas como AceStream.
Esta medida, considerada polémica por expertos en privacidad, marca un cambio significativo en la estrategia de LaLiga para combatir la piratería audiovisual.
Según información obtenida del auto emitido el pasado 8 de julio por el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona, LaLiga solicitará a los operadores de telecomunicaciones (Vodafone, MasMóvil, Digi y Telefónica) la información de los titulares de contratos correspondientes a las direcciones IP identificadas como usuarios de AceStream.
Esta solicitud se extenderá durante toda la temporada futbolística 2024-25, con actualizaciones semanales.
Esta decisión representa un paso significativo en la lucha contra la piratería, declaró un portavoz de LaLiga.
La identificación de los usuarios que acceden a contenidos protegidos sin autorización permitirá tomar medidas legales y disuasorias.
Esta práctica ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de la privacidad.
La monitorización constante de las IPs de los usuarios representa una violación grave de su derecho a la privacidad, afirma un representante de la Asociación por la Protección de Datos (APD).
El impacto emocional y psicológico de ser objeto de este tipo de vigilancia puede ser considerable.
Es importante destacar que el auto judicial no menciona la intención de LaLiga de perseguir penalmente a los usuarios detectados.
La posibilidad de acceder a datos personales como nombres, direcciones y números de teléfono plantea interrogantes éticos y legales.
La polémica decisión de LaLiga evidencia la creciente tensión entre la protección de la propiedad intelectual y el derecho a la privacidad en la era digital.
El caso abre un debate sobre los límites de la vigilancia online y las implicaciones para la libertad individual.