La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ha ordenado una intensificación del control en las zonas fronterizas con Bolivia, especialmente en los municipios de La Quiaca (Jujuy), Aguas Blancas y Salvador Mazza (Salta).

Las autoridades señalan que la proliferación de ocupaciones irregulares en estas áreas facilita actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos organizados.

El jefe del Escuadrón 21 de Gendarmería, Carlos Anselmo Rodríguez, ha alertado al intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, sobre la existencia de un gran número de viviendas y galpones que se utilizan para el almacenamiento de mercancías ilícitas, impidiendo así un efectivo control fronterizo.

Rodríguez recordó al intendente que las leyes 15.385 de zonas de seguridad de fronteras y 23.554 de defensa nacional establecen restricciones y requisitos específicos para la construcción y posesión de inmuebles en estas áreas.

Se requiere la conformidad previa de organismos nacionales competentes para cualquier tipo de edificaciones, transmisiones de dominio, arrendamientos o locaciones, indicó Rodríguez.

En Aguas Blancas, el interventor Adrián Zigarán ha implementado medidas para identificar y regularizar las construcciones irregulares en la zona.

Una denuncia presentada por la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, ante la Justicia Federal de Salta, apunta a posibles irregularidades en el padrón electoral de la localidad.

En Salvador Mazza, se reporta una similar situación con un extenso territorio ocupado por viviendas, galpones y fincas que permiten el tráfico de personas, mercancías y armas con impunidad.

La ley 14.027, vigente desde 1951, obliga a los propietarios de inmuebles fronterizos a permitir el acceso libre a las fuerzas de seguridad y denunciar cualquier actividad sospechosa.

El gobierno nacional planea intensificar la presencia policial y gendarmería en las zonas fronterizas con Bolivia.

La intención es desalojar las construcciones irregulares, fortalecer los controles migratorios y combatir eficazmente el crimen organizado que se aprovechan de estos puntos débiles.

Es necesario un compromiso conjunto entre todos los actores involucrados para garantizar la seguridad nacional, afirmó un portavoz del Ministerio de Seguridad.

No podemos permitir que estas zonas sean utilizadas para actividades ilegales que afectan a nuestra sociedad.

Las acciones tomadas por las autoridades buscan poner fin a décadas de impunidad y proteger la integridad territorial de Argentina.