La Cámara de Diputados de Salta aprobó media sanción a la quinta prórroga de la emergencia sociosanitaria en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín.

La medida, originalmente implementada en 2020 para abordar la crisis socioeconómica que afecta principalmente a comunidades indígenas vulnerables, ha generado un debate acalorado sobre su eficacia a largo plazo.

Mientras algunos legisladores resaltan los avances logrados en materia de reducción de la mortalidad infantil y materna, así como en la provisión de servicios básicos, otros critican la prórroga como una señal de incapacidad del gobierno para implementar soluciones estructurales.

Laura Cartuccia, una de las diputadas que respaldó la prórroga, destacó el impacto positivo de la emergencia en la vida de más de 16.000 personas, especialmente en comunidades originarias afectadas por la pobreza y la falta de infraestructura básica.

Juan José Esteban, otro de los defensores de la medida, enumeró las iniciativas implementadas desde 2020, como la instalación de pozos de agua y estaciones descentralizadas, que han mejorado las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.

Voces críticas consideran que la prórroga perpetúa un ciclo de dependencia del estado y no aborda las causas profundas de la crisis.

Sofía Sierra cuestionó la falta de mecanismos de control sobre el uso de los recursos destinados a la emergencia y afirmó que se ha convertido en una herramienta paliativa repetitiva.

José Gauffín y Roque Cornejo, diputados disidentes, criticaron la medida como una señal de incapacidad del gobierno para resolver los problemas estructurales que afectan al norte salteño.

Cornejo describió la situación como un laberinto sin salida, donde la falta de infraestructura en salud, educación y otros servicios esenciales agrava la desesperanza de las comunidades.

El debate se vio intensificado por el reciente voto del gobierno argentino en contra de un proyecto de la ONU que buscaba asegurar los derechos de las comunidades indígenas.

El diputado wichí Rogelio Segundo, representante del departamento de Rivadavia, ofreció una emotiva intervención donde denunció la falta de conocimiento y atención hacia las necesidades de las comunidades originarias por parte del gobierno nacional.

Nos duele que Argentina haya sido el único país en votar en contra de los derechos de las comunidades originarias en la ONU, expresó Segundo, quien lamentó que el presidente Milei no conozca la realidad de estas comunidades y sus necesidades.

El diputado hizo un llamado a la empatía y comprensión, invitando al presidente a conocer las comunidades del norte salteño y a reconocer su derecho a ser escuchados y protegidos como parte esencial de la nación.

La aprobación en revisión del proyecto que exige la acreditación de ausencia de condenas por delitos sexuales para docentes y personal no docente con contacto con menores, fue otra temática importante tratada en el recinto legislativo.

La propuesta busca garantizar la seguridad de los estudiantes y promover un ambiente educativo seguro y libre de violencia.