El ex sargento Gabriel Pérez protagonizó un impactante acto de protesta al subirse a una antena en el acceso al Centro Cívico Grand Bourg, exigiendo ser recibido por la secretaria General de la Gobernación para reclamar su reincorporación.
Pérez, destituido en 2017 a pesar de que la denuncia penal interpuesta por su entonces esposa fue retirada, argumenta que no existen fundamentos legales para su expulsión del cuerpo policial.
Solo quiero que la secretaria General me reciba y me explique por qué sigo sin ser reincorporado, manifestó Pérez, quien ha llevado adelante una lucha constante durante años para revertir su situación.
Tras la denuncia de su ex esposa por amenazas, que posteriormente fue retirada, se inició un proceso administrativo que culminó en su destitución a pesar de que no existía una causa penal vigente contra él.
Pérez denunció que diversos actores del sistema judicial y policial han intentado auxiliar su caso.
El jefe de Policía de entonces, comisario Ibarra, Ceballos, junto con los ministros de Seguridad Domínguez e incluso otros funcionarios, elevaron informes para que se restituyera mi cargo y me reincorporaran, pero nada ha servido, afirmó el ex oficial.
Su lucha ha incluido una huelga de hambre frente a la Casa de Gobierno, presentaciones ante instancias judiciales, incluso con recursos presentados por su abogado Gerardo González, sin obtener respuesta satisfactoria.
Ahora mis compañeros de esa época se están jubilando y no quiero perder todos los años que tengo para poder retirarme, expresó Pérez, visiblemente afectado por la prolongada incertidumbre que vive.
En un último intento por ser escuchado, Pérez escaló una antena en el ingreso al Centro Cívico Grand Bourg, acción que desencadenó su detención.
Lo obligaron a descender de la antena bajo la promesa de ser recibido en la Secretaría de la Gobernación por algún asesor, sin embargo, fue detenido y llevado a Contraventores, donde se le inició una causa por violación de domicilio, explicó un testigo del incidente.
El caso de Gabriel Pérez pone en evidencia el complejo entramado burocrático que puede generar situaciones injustas para los ciudadanos, especialmente cuando se trata de reclamos ante instituciones públicas.