El sistema previsional argentino enfrenta serias interrogantes sobre su equidad e impacto en el desarrollo económico del país.
Mientras algunos jubilados buscan acceder a una pensión que les brinde estabilidad y acceso a servicios de salud, otros se enfrentan a la difícil decisión de optar por la informalidad, impulsados por la disparidad salarial entre trabajadores formales e informales.
Ramón Chocobar, cuya madre recibe la pensión de madre de siete hijos, ilustra esta compleja realidad.
Mi madre cumplió 72 años y tiene un problema oncológico.Nos interesa sobre todo la cobertura en salud, relata Chocobar, quien busca para su madre la jubilación para acceder a una mejor cobertura médica.
El experto en el tema explica que ambas prestaciones son incompatibles, pero asegura que no quedará sin cobertura mientras se tramite la jubilación.
Resalta un beneficio importante: por el Programa de Reconocimiento por Tareas de Cuidado, le reconocerán nueve años de aportes, incluyendo a su hermano fallecido.
Por otro lado, Julio Guaymás, retirado policial, expresa dudas sobre los aumentos salariales para su sector.
Aún quedan dudas sobre el aumento para nuestro sector.Quisiera saber si puede confirmar el aumento, afirma Guaymás.
La Unidad de Trámites Previsionales de la Provincia de Salta confirmó que los retirados y pensionados policiales y penitenciarios recibirán un aumento del 9% con los haberes de diciembre, alineándose con el aumento otorgado a los activos en septiembre pasado.
Guadalupe Alarcón, trabajadora en relación de dependencia con ingresos bajos, refleja la creciente preocupación por la desigualdad salarial.
Este último mes cobré 43.896 por cada hijo, tengo tres, sin embargo, noto que la cobertura de la asignación universal es mucho mayor y además reciben la tarjeta alimentar, comenta Alarcón.
La diferencia entre las prestaciones para familias trabajadoras en blanco y las que se otorgan a trabajadores informales es significativa: 131.688 mensuales para una familia de tres hijos con padres que trabajan formalmente, frente a 263.370 de asignación universal más 108.062 de tarjeta alimentar para familias en situación de informalidad.
Esta disparidad genera un fuerte incentivo para la informalidad, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema previsional y el bienestar social del país.
Es necesario abordar esta problemática con medidas que promuevan una economía formal más justa e inclusiva, garantizando una cobertura social equitativa para todos los ciudadanos.